EL REGULADOR ACTUÓ

El BCU divulgó lineamientos de regulación para plataformas de préstamos.

La aplicación de tecnología en el sistema financiero es una realidad global que se consolida en Uruguay. Dentro del fenómeno destacan por sus particularidades las plataformas de préstamos entre pares (también llamadas peer to peer lending o "Uber financieros" en forma coloquial), de las cuales hubo al menos cuatro operando en el mercado local este año.

Estas empresas utilizando una plataforma virtual conectan ahorristas con personas que necesitan dinero, es decir son mediadores dentro del negocio financiero. Luego de repetir en decenas de oportunidades que estaba analizando este fenómeno, el Banco Central (BCU) oficializó ayer los lineamientos (ver aparte) que guiarán la futura "regulación específica sobre esta actividad".

Ya en septiembre la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU había adelantado que se crearía una nueva figura legal para estas entidades, que pasarán a llamarse "Empresas Administradoras de Plataformas para Préstamos entre Pares".

Según explicitó el regulador, "la operación de sistemas de préstamos entre personas, en tanto el administrador se limite a aproximar a las partes en negocios de préstamos de dinero sin asumir obligación o riesgo alguno, implica una actividad sujeta a reglamentación y control del BCU".

Asimismo, aclaró que la actividad de estas plataformas "no debe confundirse con otros mecanismos de financiación no basados en préstamos sino en la emisión de valores, los cuales se conocen bajo las denominaciones crowdfunding, micromecenazgo, financiación colectiva o financiación masiva".

Por lo antes descripto, el BCU sostiene que está "facultado para establecer un registro que comprenda a todas las entidades que se encuentren operando sistemas de préstamos entre personas y para dictar reglas dirigidas a otorgar la adecuada información a los participantes del sistema", así como para prevenir "prácticas abusivas" y también su uso "para facilitar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

Los lineamientos de regulación que presenta el BCU fueron definidos "considerando recomendaciones de organismos internacionales, la normativa vigente en otros mercados relevantes y la experiencia de las entidades locales que ya han incursionado en este mercado". Tras redactar la normativa, la Superintendencia de Servicios Financieros se compromete a ponerla a consulta de la industria para recibir sus opiniones.

Según datos actualizados hasta junio pasado, entre los cuatro "Uber financieros" que operaban en Uruguay (Inversionate, Prezzta, Socius y TuTasa) habían otorgado 2.890 créditos, tenían registrados más de 2.000 inversores y habían prestado unos $ 101 millones.

En agosto, TuTasa debió liquidar el fideicomiso que administraba el dinero recibido de los ahorristas, ya que a criterio del regulador hacía intermediación financiera y no una mera mediación entre partes.

El BCU comunicó que podría "requerir a las entidades que se encuentran operando" información (como operaciones realizadas o capital, tasa, plazo y fin económico de cada préstamo) "para dar forma final a la propuesta de marco regulatorio".

"Una buena y adecuada regulación es necesaria y beneficiosa ya que dará seguridad, transparencia y solidez", dijo a El País el presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, Sebastián Olivera —que opinó a título personal porque el tema no fue analizado por la entidad. El concepto fintech no abarca solo a las aplicaciones de préstamos entre pares, sino a todas las empresas que combinan tecnología y servicios financieros.

Olivera destacó que la futura regulación establecerá diversos "parámetros para la protección del ahorrista en miras de evitar fraudes y abusos", de acuerdo con lo anticipado por el regulador. Agregó que los requerimientos de información "están dentro de los estándares de la industria", aunque pidió trabajar para "garantizar la transparencia de las operaciones sin afectar la privacidad de las personas".

También dijo que varias de las plataformas que operan "ya se ajustan" a las exigencias planteadas, y expresó que la posibilidad de que surjan nuevos actores en el mercado "dependerá mucho de la forma en que se implementen los lineamientos".

Plataformas deberán realizar el trámite de inscripción ante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central.

No podrán recibirlos directamente de los clientes; podrán utilizar mecanismos de pago provistos por empresas legalmente habilitadas para ello.

No se podrá distribuir el riesgo de la operativa entre los prestamistas, ni adjudicar riesgos de préstamos en los que no participe.

Los datos de los participantes deberán estar a disposición de ambas partes previo a la firma del contrato de préstamo.

Si se proveen servicios de calificación crediticia se harán públicas las variables utilizadas para su confección.

No podrá financiarse a través de la plataforma el administrador, ni su personal, ni empresas o personas vinculadas.

Se establecerán límites para el endeudamiento y para la inversión. "Plataformas están dirigidas a contactar inversores que deseen colocar sus fondos en créditos de bajo monto", dice el BCU.

Si los préstamos se documentan en títulos valores deberán ser nominativos a favor del prestamista e incluir la cláusula "no a la orden" o equivalente.

Se exigirá a la plataforma como mínimo datos de morosidad promedio de los créditos otorgados, costos a cargo de las partes, criterio de selección de los créditos y declaración de que el administrador no invertirá a través de la plataforma. Sobre los solicitantes de crédito se pedirán datos identificatorios: profesión, edad, volumen de ingresos, historial crediticio y destino del crédito.

Habrá medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se implementarán sistemas de atención de reclamos de clientes.