Una actividad en riesgo

"Uber financieros": reglas del BCU "complejizan" negocio

Regulador dice que el “foco” está en “la protección del usuario” y evitar fraudes.

Internet. Foto: Pixabay
Plataformas evaluaron negativamente la regulación que divulgó el BCU. Foto: Pixabay

Uruguay fue un país que históricamente tuvo un impulso muy fuerte en tecnología y fue una política de estado. Pero hoy saca una reglamentación que nos pone al final de la cola de todo los países de Latinoamérica y casi del mundo", dijo el presidente de la Cámara de Fintech, Martín Naor, en referencia a las reglas que recientemente impuso el Banco Central (BCU) para las plataformas que aplican tecnología para conectar a ahorristas con personas que demandan dinero —llamadas "Uber financieros" en forma coloquial—.

A la reglamentación divulgada la semana pasada se llegó tras un proceso de casi un año, que incluyó contactos, reuniones e intercambio de opiniones entre el regulador y las empresas que actuaban en el mercado. Pese a la falta de una normativa en el sector, el año pasado eran cuatro las plataformas de este tipo en actividad y tenían otorgados cerca de 3.000 créditos de más de 2.000 inversores, que sumaban préstamos por unos $ 100 millones.

Ese volumen de negocios hizo que el BCU pusiera el ojo y elaborara una "regulación que busca evitar perjuicios importantes a grupos de pequeños inversores, como ha sucedido en otros países", con el "foco en la protección de los usuarios del sistema financiero", se informó a El País desde el Departamento de Comunicación de la entidad.

En base a eso, el regulador resolvió que los "Uber financieros" realizan intermediación financiera, es decir conectan a las partes sin asumir obligación o riesgo alguno por el préstamo. Para operar a partir de ahora, el BCU exige a estas empresas que se registren y aporten datos de sus socios o accionistas, que presten dinero solo a residentes, e impuso límites de endeudamiento e inversión, entre otras disposiciones.

"Uno de los principios básicos internacionalmente aceptados para la regulación es que la misma debe hacerse en función de los riesgos que genera cada actividad financiera. En el caso particular de la mediación se pone énfasis en la protección de los pequeños ahorristas, en mitigar la posibilidad de que dichas plataformas sean utilizadas para actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se tiene particular precaución de que la regulación sea armónica entre las distintas actividades", sostuvo el BCU.

BCU: informó que AFAP vendieron deuda en UI a no residentes. Foto: Fernando Ponzetto.
Foto: Fernando Ponzetto.

Semanas atrás, El País había consignado que las cuatro plataformas que operaban en el mercado dejaron de dar préstamos, algunas de forma definitiva y otras a la espera de la regulación definitiva del BCU.

Conocidas las reglas, para el presidente de la Cámara de Fintech "lo más probable" es que las plataformas "no quieran operar y tengan que dedicarse a otra cosa". Agregó que "si no impide o elimina del todo el negocio, lo complejiza a nivel que las empresas deberán hacer alguna acrobacia en su modelo operativo para tratar de entrar en la regulación y funcionar de manera híper restringida".

La cofundadora de Socius —plataforma de préstamos entre pares activa desde 2016—, Sofia Lanza, dijo a El País que "hay ciertas disposiciones que obstaculizan la operativa". Tras dejar de dar préstamos y limitarse a gestionar los otorgados, la empresa "analiza con profundidad" la regulación para decidir si vuelve al mercado.

Límites.

La normativa del BCU establece que una persona física no podrá tomar préstamos por más de 100.000 UI —lo que equivale a más de $ 400.000— y las jurídicas por más de 1 millón de UI —más de $ 4 millones—. A su vez, nadie podrá prestar más de 100.000 UI en total, ni más de 25.000 UI —$ 100.000— a un solo prestatario, mientras que los créditos con garantía hipotecaria no podrán superar el 70% del valor del inmueble.

Esos límites "imposibilitan la escalabilidad del negocio y su desarrollo, que se traduciría en un impacto positivo en la economía, satisfaciendo la necesidad de acceso a financiamiento e inversión", indicó Lanza.

En tanto, Naor hizo énfasis en la restricción de que los socios de los "Uber financieros" puedan ser solo personas físicas, impidiendo que un fondo de inversión pueda volcar dinero en un negocio de este tipo. "Hoy día cualquier startup que quiera crecer y desarrollarse tiene como expectativa salir al mercado y recibir inversión de un fondo local o extranjero, y eso no va a ser posible" en este sector, explicó.

Había cuatro "Uber financieros" operando, pero la plataforma TuTasa debió retirarse. Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

"Si los límites (de endeudamiento e inversión) son muy bajos, obligas a salir a buscar un montón de clientes e inversores chicos para lograr rentabilidad. El costo de adquirir esos clientes sale caro, entonces lo lógico sería acudir a un fondo de inversión que ponga el dinero. Es un problema grave de regulación y se suma a otras tres o cuatro cosas, que lucen como que el objetivo fue que no haya negocio ni industria", manifestó el titular de la Cámara de Fintech.

En línea con estos comentarios, días atrás el CEO de la plataforma TuTasa —que hoy opera en Argentina, tras hacerlo en Uruguay y haber tenido que liquidar el fideicomiso que administraba con el dinero recibido de inversores por decisión del regulador—, Marcelo Barreneche, dijo a El País que las reglas del BCU "buscan restringir más que fomentar" la actividad y que se reguló bajo "un concepto de mediación del siglo pasado".

Mientras que Dani Viana, fundador de Inversionate —que cesó operaciones tras gestionar más de 1.000 préstamos por unos $ 14 millones— sostuvo que hay "cosas críticas" en la regulación y evalúan si es posible "generar un modelo de negocios sustentable".

BCU analiza si continúa e-peso

El Banco Central (BCU) lanzó en noviembre del año pasado una prueba piloto con la plataforma "e-Peso" que se extendió hasta mayo, que permitía convertir el celular en una billetera electrónica. La emisión inicial fue de $ 20 millones y el procedimiento consistía en adquirir un monto determinado de pesos digitales en una red de cobranza, con los que luego se podía pagar a través del dispositivo móvil en los comercios adheridos. El BCU evaluó positivamente los resultados del plan piloto y desde su Departamento de Comunicación informaron a El País que la entidad está abocada "al análisis de las potencialidades del sistema y al estudio riguroso de las distintas variables tecnológicas, de seguridad y de mercado que puedan permitir un avance en esta línea de trabajo".

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