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La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) —organismo que depende del Poder Ejecutivo pero actúa con autonomía técnica— consideró "primordial disponer de un procedimiento consensuado y plurianual para la determinación de un nivel de tarifa técnico de referencia" para los servicios de electricidad de UTE.

Así lo manifestó su director de Regulación, Alfredo Piria, en un reciente informe elaborado en respuesta al ajuste tarifario de 3,2% en promedio desde enero que resolvió UTE. En otra parte, el documento dice que la Ursea "deja constancia de la necesidad de establecer un procedimiento de determinación de un nivel de tarifa técnico".

Se aclara que la propuesta, ya mencionada en anteriores informes de Ursea, es "sin perjuicio de la fijación de una tarifa de aplicación que pueda tomar en cuenta otros objetivos, por ejemplo de tipo macroeconómico (inflación, nivel de endeudamiento público, etc.)".

Previo a definir los ajustes de tarifas para 2018, hubo una discusión interna a nivel del gobierno con dos visiones: una parte liderada por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pretendía un alza de precios priorizando el equilibrio de las cuentas públicas, y la otra con la propia UTE al frente aspiraba a aplicar una reducción de las tarifas en función de los buenos resultados de la empresa —en 2016 tuvo ganancias por más de US$ 400 millones y hasta septiembre de 2017 la cifra ascendía a US$ 485 millones, según informó El Observador—.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, cuya posición estaba alineada a UTE en aquel debate, había manifestado en julio del año pasado que trabajaba junto al MEF para plantearle a la empresa eléctrica estatal "una forma conceptual diferente de concebir la tarifa general" para lograr "transferir los beneficios de la (nueva) matriz energética a la población". Es que el cambio en la matriz de producción de la energía que llevó adelante el gobierno, permitió a UTE bajar sus costos.