¿SENSACIÓN O REALIDAD?

¿Por qué Uruguay es un país caro?

El socio de CPA Ferrere, el economista Gabriel Oddone analiza si esa afirmación es cierta y qué factores la explican en caso de ser así.

Gabriel Oddone. Foto: Marcelo Bonjour
Gabriel Oddone. Foto: Marcelo Bonjour

Uruguay “es caro”, una frase que suele leerse en los últimos tiempos de parte de exportadores, industriales que sustituyen importaciones, operadores turísticos, personas que viajan. El socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone se propuso analizar si hay evidencia que respalde esa percepción y en caso de que sí, ver por qué.

Con la referencia del promedio de precios del período 1980-2018, ”el tipo de cambio real bilateral de Uruguay está apreciado respecto a destinos y competidores que son relevantes para su comercio” como Estados Unidos (25%), Nueva Zelanda (18%), Australia (23%), Zona Euro (30%), Argentina (26%) y Brasil (32%), escribió Oddone en la columna “¿Por qué Uruguay es caro?” publicada en su blog Sextante.

El tipo de cambio real tiene “limitaciones” para comparar el “nivel y la tendencia de precios” entre los países, reconoce el economista, pero señaló “que los desvíos sean generalizados y alcancen esos niveles con economías como las elegidas, permiten afirmar que Uruguay tiene un problema de precios relativos que afecta su competitividad”.

A su vez, “el crecimiento de la productividad de los factores en algunos sectores de la economía ha sido menor que el aumento de las remuneraciones” y ello “ha sido más intenso en el sector no transable (comercia localmente) que en el transable” (comercia con el exterior), agregó.

Pero, ¿por qué Uruguay es caro? “Hay argumentos microeconómicos que tienen un papel relevante en la explicación del fenómeno”, dijo Oddone.

El primer factor es los mercados donde “predominan ambientes de escasa competencia. En ellos suelen comercializarse bienes no transables, muchas veces con esquemas de precios regulados y en los que existen subsidios o transferencias públicas”, como “los combustibles, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la salud”, indicó.

En la “producción de combustibles, energía o telecomunicaciones, la naturaleza de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los entes, limitan la posibilidad de que los precios de los servicios reflejen las condiciones de provisión bajo criterios de eficiencia” y esto se “refuerza por la relación asimétrica ‘inversa’ entre regulado y regulador, y por el rol difuso de este último para controlar las condiciones de comercialización”, explicó Oddone.

En mercados, “como en el transporte o en la salud existen transferencias, subsidios o regulaciones (el corralito mutual, por ejemplo) que están concebidos para preservar la viabilidad económica y financiera de las empresas o entidades prestadoras. Estos esquemas, terminan por limitar los aumentos de productividad por la vía de restringir la entrada y salida de competidores. Además, en la salud y en la educación privada, el conflicto de interés entre el gobierno corporativo de las instituciones, los proveedores y los asalariados es difuso”, afirmó.

A esto, agregó, se suma que “el esquema de negociación colectiva vigente en Uruguay no contempla mecanismos que eviten o, al menos limiten acuerdos salariales que se aparten de las condiciones de eficiencia y que sean fácilmente trasladables a precios. Esto es frecuente en mercados donde la competencia entre agentes es escasa, sobre todo en los que existen definidos subsidios, transferencias o créditos fiscales” como la “salud y la producción de bebida”.

El segundo aspecto es que el “tamaño del mercado interno limita la especialización de los factores, restringe los retornos de la innovación y desestimula la incorporación de tecnología, especialmente en aquellas actividades que no tienen posibilidad de competir en el mercado internacional”. Esto se ve “en los servicios financieros, los servicios profesionales y a las empresas, así como en la salud”, lo que lleva a “un ambiente poco propicio” para que haya “aumentos de la productividad de los factores y mejoras de eficiencia”, indicó Oddone.

El economista, puntualizó que “todo lo anterior no quiere decir que políticas fiscales procíclicas, políticas monetarias con multiplicidad de objetivos o políticas de ingresos que no han logrado terminar con la indexación de precios, no tengan responsabilidad sobre el nivel y trayectoria de los precios de la economía” y añadió que “las distorsiones de precios relativos que afectan la competitividad de Uruguay tienen fundamentos más profundos y que, en todo caso, las políticas macroeconómicas de los últimos años no lograron compensarlos”.

Así que “independientemente de lo que pueda hacerse desde la política macroeconómica, si se quiere atacar el problema de fondo de manera más o menos permanente, se requieren reformas sobre el funcionamiento de ciertos mercados que promuevan más competencia, más transparencia y más eficiencia en la asignación de recursos especialmente en diversas actividades del sector no transable”, afirmó en su blog.

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