INFORME

¿Por qué Uruguay tuvo una evaluación “aceptable” a nivel internacional en el combate al lavado?

El Gafilat dio a Uruguay una evaluación de “aceptable” a nivel general en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo que le permite quedar fuera de la listas “negra” y “gris”.

Bienes se abaratan en dólares. Foto: AFP
La evaluación que se hizo sobre Uruguay dio como resultado un “aceptable”, según el secretario anti-lavado. Foto: AFP

El XL Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo”, indicó un comunicado de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

En diálogo con El País desde Perú (donde el gobierno uruguayo defendió la evaluación), el titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa señaló que “la primera conclusión es que los resultados de la evaluación nos permiten quedar fuera de las listas de países no cooperadores” en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, comúnmente llamadas “lista negra” y “lista gris”.

Actualmente en la “lista negra” están Irán y Corea del Norte y en la “lista gris” están Bahamas, Botswana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Panamá, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Como parte de la cuarta ronda de inspección entre pares, los técnicos del Gafilat estuvieron en Uruguay entre el 5 y el 17 de mayo. Tuvieron 42 reuniones y mantuvieron contactos con 110 personas del sector público y otras 70 del ámbito privado, estas últimas todas de sectores que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado (como bancos, corredores de bolsa, inmobiliarias, grupos de profesionales como abogados y escribanos, y usuarios de zonas francas, entre otros). Luego produjeron un primer borrador, el gobierno uruguayo hizo sus descargos y ahora se emitió el informe final.

Este informe a nivel general es “una evaluación aceptable” en cuanto a que “el país ha avanzado en todos los planos, pero en materia de efectividad nos marca algunas áreas de atención en las que tenemos que mejorar. La evaluación tiene un seguimiento anual con Gafilat porque el país va haciendo reportes para mostrar los avances”, aseguró Espinosa a El País.

Ahora el informe será sometido a una revisión de calidad y consistencia que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que marca el estándar en la materia, y se publicará en febrero de 2020.

Para Espinosa “tenemos cumplimientos técnicos excelentes. Esto es tener las normas y reglamentos adecuados a las 40 recomendaciones” del GAFI que “guían los estándares internacionales”.

“En cumplimiento técnico tenemos probablemente las mejores calificaciones de todo Gafilat”, aseguró el jerarca.

Conferencia Gafilat contra el lavado de dinero. Foto: Francisco Flores
Tras la visita de los técnicos de Gafilat, el secretario antilavado comentó sus expectativas a la espera de la evaluación final. Foto: Francisco Flores

La “otra parte de la evaluación, que es la efectividad (en el cumplimiento de esa normativa) tenemos observaciones, tenemos en general todo con una calificación de moderado”, explicó Espinosa. Ahí “tenemos aspectos para mejorar en varios puntos”, agregó.

El abogado especializado en prevención del lavado de activos Leonardo Costa dijo a El País que en la parte que se evalúa la legislación en la materia, Uruguay obtuvo un “mayormente cumplido” que implica que solo existen “diferencias menores”. En tanto, en los 11 ítems de evaluación acerca de cómo funciona en la práctica esa legislación, Uruguay obtuvo un cumplimiento “moderado”.

Ahora, ¿en qué aspectos el Gafilat hizo observaciones? “Por ejemplo, hay observaciones en cuanto a los recursos que tiene la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central”, que es la que se encarga de evaluar los reportes de operaciones sospechosas de lavado y de hacer “inteligencia” financiera, afirmó el titular de la Senaclaft.

“Se considera que es muy bueno el trabajo, pero para hacer más análisis e inteligencia” se requieren más recursos, añadió.

Otro aspecto a mejorar es la “cantidad de casos judiciales de lavado y decomisos, estamos en un nivel moderado”, indicó Espinosa. En 2018 hubo 782 reportes y ocho investigaciones de oficio de la UIAF. Pero solamente hubo nueve casos puestos en conocimiento de la Justicia.

El otro punto con observaciones es “el financiamiento al terrorismo” ya que “la ley (para su combate) fue aprobada prácticamente en la semana que estuvieron los evaluadores” y “ahí no se pudo probar la efectividad de una norma que estaba recién aprobada”, expresó Espinosa. “La observación es en cuanto a desarrollar lo que se aprobó en la ley”, agregó.

El titular de la Senaclaft dijo que en cuanto a los sujetos obligados a reportar “el informe reconoce que en el sector financiero está mucho más asentado” el combate porque “hace más años que están trabajando, conocen mucho mejor el riesgo, sus obligaciones” mientras que “en el sector no financiero observan que hay disparidad en los distintos tipos de sujetos obligados”.

“Por ejemplo, los escribanos que están hace más tiempo (como sujetos obligados) tienen un nivel superior de cumplimiento que otros como las instituciones sin fines de lucro (clubes deportivos, iglesias, ONG, etc.) que están en una etapa inicial”, explicó. “Ahí también hay recomendaciones de que hay que mejorar el cumplimiento y el conocimiento del riesgo y de las obligaciones de estos sujetos no financieros”, agregó.

“A pesar que hubo en los últimos años hubo un aumento en los reportes de operaciones sospechosas, igual el sector no financiero tiene determinados sujetos obligados que no han reportado lo suficiente” y “el informe recomienda trabajar con esos sectores para que incrementen los reportes”, concluyó Espinosa.

La delegación uruguaya

La delegación de Uruguay en Perú se conformó para “defender los resultados en determinadas áreas que sabíamos iban a ser puntos de discusión”, dijo Espinosa. Estuvo compuesta por el Fiscal de Corte Jorge Díaz, el superintendente de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) Juan Pedro Cantera, el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU Néstor López, el integrante de la UIAF Fernando Fuentes, la titular de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) María del Carmen Rua, la coordinadora de la División de Estudios Técnicos de la AIN Inés Cobas, el director de Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas Ricardo Pérez Blanco y por la Senaclaft (además de Espinosa) Danubio Cruz, María Laura Lucchi y Fernanda González.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)