PASIVIDADES

En marzo de este año en represalia por la detención del jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), incluida su filial en Uruguay. En paralelo a esto, la Justicia uruguaya procesa dos demandas (una penal y otra civil) contra el Bandes de 53 jubilados, que trabajaron en Venezuela y hoy viven en Uruguay.

Este grupo de personas, de nacionalidad venezolana y uruguaya, denuncian que desde diciembre de 2015 no recibe ningún pago y estiman que lo adeudado llega a un total de US$ 3,5 millones.

Sin embargo, la respuesta del Bandes es que esto ocurre por efecto del bloqueo efectuado por Estados Unidos, y que el dinero está disponible en Venezuela, no siendo ellos los responsables de la imposibilidad del envío de los fondos.

El abogado Pablo Bárcena, representante de estos jubilados, y la consultora jurídica del Bandes, Andrea Álvarez, relataron en diálogo con El País los hechos, difiriendo en el tema de fondo: si la filial del banco venezolano debe asumir o no los pagos.

Ambos profesionales coincidieron en agosto en una instancia de conciliación que convocó la Justicia y no hubo acuerdo entre las partes. Luego de eso, el grupo de jubilados decidió pasar el tema a la Justicia del Crimen Organizado y radicar una denuncia por apropiación indebida y lavado de activos.

Bárcena comentó que observaron “movimientos raros” de dinero en los balances del Bandes Uruguay. Por ejemplo, mencionó que hay depósitos de no residentes por US$ 100 millones “que sospechamos es dinero del Estado venezolano que se usa para pagar deudas”.

El abogado también explicó que el objetivo de la demanda civil es cobrar lo adeudado de los activos en Uruguay del Estado venezolano, que es el propietario del 100% del Bandes. Tiene un 9,2% de las acciones de Alcoholes del Uruguay (ALUR) -empresa que produce biocombustible y es propiedad de Ancap- a través de la petrolera estatal Pdvsa.

“No hay voluntad de pagar, todos sabemos que hay operaciones del Estado venezolano y (pese al bloqueo) se han hechos pagos a través de Uruguay de deudas más nuevas y socialmente menos relevantes. Además, hace cuatro años que no pagan”, cuando la medida del Departamento del Tesoro ocurrió este año, señaló Bárcena.

Álvarez, consultora jurídica del Bandes, dijo que el banco considera “manifiestamente sin fundamentos” la demanda, porque la entidad es “ajena al pago que se reclama”.

Sostuvo que el banco “es un agente de pago, en la medida que recibe fondos, cualquiera sea su naturaleza, los vuelca a las cuentas de los destinatarios”. Bajo ese concepto, agregó que “el Bandes no debe pasividades ni beneficios sociales, somos ajenos al tema”.

Aclaró que la razón de fondo “estima” que es el bloqueo por parte de Estados Unidos, que impide al Estado venezolano “enviar fondos al exterior”, pero insistió que esto “no lo puede asegurar” por no ser los responsables de responder a la demanda. “Ni Bandes ni Integración AFAP (propiedad en un 77% del banco venezolano), la contraparte es el Estado venezolano”, aseguró.

Tanto Álvarez como fuentes del sector bancario que consultó El País, informaron que esta situación de jubilados que no cobran sus pensiones generadas en Venezuela ocurre tanto en clientes del Bandes Uruguay como de otros bancos, porque el asunto de fondo es que el Estado del país caribeño no transfiere el dinero.

Bárcena añadió que también pasa lo mismo en otros países y que hay “demandas en todo el mundo contra el Estado venezolano” por incumplimiento de pagos. En España solamente sostuvo que suman 4.000 las denuncias.

La fuente bancaria expresó que el Bandes “no le dio mayor importancia a este asunto” por los motivos que comentó Álvarez, y reconoció que suele acudir gente a los locales del banco para “preguntar y quejarse” por los pagos no recibidos. También admitió que igualmente “antes del bloqueo habían dejado de enviar el dinero”.

En respuesta a esto, Bárcena dijo que pese al bloqueo “los funcionarios de la Embajada de Venezuela cobran los sueldos”, y el Estado venezolano pagó parte de la deuda que mantenía con Conaprole. Esa operación ocurrió a fines de 2018, cuando Venezuela depositó US$ 8,6 millones de un total de US$ 39 millones que debe a la cooperativa, pago que se hizo en euros para eludir sanciones previas de Estados Unidos, al canalizar la operación desde Portugal.

De hecho, hace unos meses hubo productores lecheros que intentaron promover una demanda contra Venezuela por los impagos, aunque Conaprole aún no la ratificó. La falta de pagos de Venezuela también afectó a otras empresas locales, e incluso Bárcena representa a un proveedor que envió productos hacia ese país y “hace cuatro años no recibe ningún dinero”.