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Se usaron 1.327 sociedades en la estafa contra la DGI

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La DGI detectó una red de venta y distribución de facturas irregulares. Foto: F. Ponzetto
Expedientes acumulados en la Direccion General de Impositiva (DGI), documentos, Mvdeo., ND 20160706, foto Fernando Ponzetto
Archivo El Pais

Empresas usaron 2 millones de boletas “truchas” para evadir pagos al fisco.

La Dirección General Impositiva (DGI) amplió una denuncia contra dos estudios que crearon al menos 1.327 sociedades anónimas para defraudar al fisco mediante la colocación en el mercado de 1.989.804 facturas "truchas". La maniobra, que fue calificada por la DGI como la más grande de la historia, provocó pérdidas al Estado por varios miles de millones de pesos.

Según un informe de la Unidad de Inteligencia de Personas Físicas (Uipef) de la DGI, cada una de las 1.327 sociedades anónimas irregulares emitieron un promedio de 1.522 facturas ilícitas. Por ejemplo, una sola empresa denunciada ante la Justicia imprimió 4.650 facturas que están circulando en el mercado con "un significativo potencial de evasión" y que, por su forma de insertarse en la operativa es inviable quitar de circulación porque se colocaron en empresas con diferen-tes grados de implicación en el engaño.

El expediente judicial, al que tuvo acceso El País, revela que los dos estudios denunciados utilizaban los servicios de cuatro escribanos que otorgaban certificaciones falsas y 13 testaferros usuarios de refugios o de beneficios del Mides o indigentes.

Mediante esa modalidad, los estudios crearon "una fábrica de defraudar" mediante sociedades anónimas (S.A.) y sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) en formación.

Los dos estudios, cuyos titulares fueron procesados con prisión el viernes 10 por la jueza especializada en Crimen Organizada, María Helena Mainard, trabajaban con una decena de imprentas donde imprimían miles de facturas que luego eran utilizadas para simular ventas de productos o pagos de servicios. Los acusados vendían a través de páginas de avisos clasificados en Internet sociedades anónimas a US$ 650 —no pagaban impuestos de ningún tipo en su conformación—, mientras que una sociedad anónima legalmente constituida vale US$ 3.200.

La ampliación de la denuncia de la DGI le dedica capítulos a las modalidades para defraudar utilizados por dos estudios:

1) Usinas de facturas. Actuaciones de la dirección de Administración Tributaria de la DGI detectaron que, a partir de la actividad que desarrollaban los dos estudios, se tejió una red de fraude fiscal cuyos alcances todavía no se ha podido terminar de dimensionar y que incluye diversos sectores empresariales y áreas geográficas a lo largo de todo el territorio nacional.

Funcionarios de la Administración Tributaria comprobaron que el centro de la actividad de los estudios es la venta de facturas con o sin los documentos de las sociedades/unipersonales a cuyo nombre se emiten estas facturas destinadas a insertarse en distintos esquemas de evasión fiscal. "En este sentido, los estudios de los señores S. y M. funcionan como verdaderas fábricas o usinas de facturas", dice la ampliación de la denuncia de la DGI.

2) Facturas para "inflar" compras y gastos. En los casos verificados por la DGI, clientes de los estudios investigados compraban facturas para su uso personal como para actuar como una suerte de "intermediarios" o "distribuidores", puesto que luego las revendían a los contribuyentes por precios variables.

Con estas facturas se documentaban prestaciones de servicios o ventas de productos inventadas por montos "a medida" del consumidor-contribuyente —en algunos casos las cifras facturadas responden a millones de pesos— y de esta manera se disminuye "ilícitamente" la base de cálculo de los impuestos, dice la denuncia.

3) Facturas para documentar operaciones "en negro". A diferencia de la situación anterior donde la operación económica documentada era fraguada, en esta hipótesis de la DGI la venta o prestación de servicios tiene un sustrato real. Pero por la forma en que se documenta, quien realiza la operación evade totalmente el pago de los impuestos generados por su actividad.

Según la Impositiva, esta modalidad era usada tanto por contribuyentes informales co-mo por contribuyentes formales. Estos últimos realizan parte de sus operaciones de venta o prestaciones de servicios "en negro" (documentándolas en estas facturas que no son propias) y, de esta manera, evitan ilícitamente pagar los impuestos por la actividad realmente realizada.

4) Facturas con sociedades de papel. Los contribuyentes usaban las sociedades con las características que les daban los dos estudios investigados, mientras no generan problemas. Es decir, hasta que se descubre su situación de total incumplimiento. Cuando ello ocurre, descartaban estos papeles y adquirían otros y continuaban funcionando por medio de ellos. "Puede ilustrarse esta modalidad con la imagen de use y tire", dice la denuncia.

5) Facturas de S.R.L. Además de vender facturas con o sin los documentos de constitución de las sociedades anónimas en formación, los estudios también creaban sociedades de responsabilidad limitada y empresas unipersonales para la emisión de estas facturas.

La metodología para crear S.R.L. "truchas" es similar a la de las sociedades anónimas: se recurre a testaferros que actúan como socios de sociedades de responsabilidad limitada o titulares de unipersonales. En el caso de las unipersonales, era usual que los estudios usaran datos de personas en situación de calle o que viven en condiciones de extrema pobreza.

Empresa creada en una hora.

Es llamativa la publicidad que realizaban los dos estudios en avisos clasificados. "Usted puede tener su empresa con facturación en una hora, incluso con certificados de la DGI y BPS"; "Sociedades Anónimas a US$ 650 pero los socios los proponemos nosotros resguardando su privacidad" y "le ponemos los socios para crear su S.R.L.". Los estudios ofrecían convenios con el BPS y DGI con quitas que parecen "imposibles". También advertían que podrían crear S.A. con cuenta bancaria a pura cuota y operativas en 24 horas. "Consulte este plan. Trabajamos para todo el país y Latinoamérica. Facturación en una hora", señalaban los anuncios. En la publicidad, los estudios expresaban, además, que trabajaban junto con la DGI y el BPS.

VIVIENDA SINDICAL.

Vinculan a gestor del Pit-Cnt en el fraude.

En su ampliación de denuncia, la DGI expresa que los casos de ventas de boletas se multiplican en cada investigación, lo que prueban la existencia de una red de distribución y venta de facturas que comienza en los dos estudios investigados y se despliega luego por todo el país, cubriendo diversos rubros y contribuyentes de todas las características (desde pequeñas empresas y prestadores de servicios personales, hasta contribuyentes de considerable envergadura empresarial). El informe, presentado ante la Justicia, refiere a R.CH.M., un gestor del Pit-Cnt ya fallecido, que negoció con privados la construcción de casas en el marco del Plan de Vivienda Sindical. "Él (R.CH.M.) vino a nuestra empresa ofreciendo que nosotros le realizáramos servicios de fletes para un plan de viviendas. Él nos ofrecía intermediar en el trabajo con una empresa X que no recuerdo y nos conseguía los fletes. Este negocio nunca salió", dijo un contribuyente a la DGI. Enseguida agrega: "Al tiempo nos vino a ofrecer de una empresa de transporte que había cerrado, una serie de insumos importantes a muy buen precio. Como mi empresa está en una situación financiera complicada y la forma de pago era bastante flexible, en ese momento nos sirvió el negocio. Él (R.CH.M.) nos entregaba los insumos en una chacra que nosotros poseemos en San Jacinto donde tenemos los camiones. Luego cada 15 días pasábamos a cobrar". En la ampliación de su denuncia, la DGI señala que, como suele ocurrir en estos casos, no hay registro de la entrega de la mercadería facturada ni de los pagos. El 5 de mayo de 2016, la jueza penal Graciela Eustachio, que investiga supuestas irregularidades en el Plan de Viviendas Sindical del Pit-Cnt, tomó declaración in extremis al gestor R.CH.M. Esta persona fue denunciada junto a su socio M.D. en cuatro causas penales por presunta estafa con el plan de vivienda sindical del Pit-Cnt. El indagado declaró que el encargado del plan de vivienda sindical, Eduardo Burgos, fue su "socio" y que tuvo el "aval" del Pit-Cnt durante las negociaciones con los privados que lo denuncian. R.CH.M. también admitió que pidió dinero a los empresarios que nunca fue devuelto.

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La DGI detectó una red de venta y distribución de facturas irregulares. Foto: F. Ponzetto

MEGAFRAUDE A LA IMPOSITIVAEDUARDO BARRENECHE

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