PRECIOS

Al más alto nivel, el gobierno se enfrenta a una decisión antipática en medio de un recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 en Uruguay (con aumento de casos y muertos): aumentar el precio de los combustibles.

Los números son claros: el precio del dólar ha aumentado 4,44% en lo que va del año y el precio del petróleo oscila entre US$ 10 y US$ 12 por encima de la paramétrica de Ancap. Esto se refleja en el precio de paridad de importación de los combustibles (es decir, el precio teórico al que un importador cobraría el combustible en Uruguay si esa posibilidad estuviera habilitada) que está por encima del precio que recibe Ancap por los combustibles en la puerta de La Tablada (su centro de distribución).

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie y el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini tienen todos los números sobre la mesa. Si fueran lineales y aplicaran el incremento que ha tenido el petróleo y el dólar a naftas y gasoil, la suba sería de dos dígitos dijeron a El País fuentes del gobierno.

Sin embargo, los ministros y el director de OPP también manejan elementos políticos como el impacto que tendría un aumento de ese tipo sobre la producción en momentos que la economía muestra algunas señales de enlentecimiento de la recuperación que traía y la competitividad de las exportaciones agropecuarias que están siendo uno de los motores de la actividad, explicaron.

Por eso, Arbeleche, Alfie y Paganini definirán algún ajuste (porque de mantener el precio sin cambios impactarían en las finanzas de Ancap y aumentarían el déficit fiscal), pero sin llegar a los niveles de dos dígitos que marcan los números, señalaron los informantes.

Todavía no está decidido de cuánto será la suba y la última palabra la tendrá el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, remarcaron las fuentes.

A mediados de marzo, en una charla para clientes de la consultora CPA Ferrere, el socio de la misma, Gabriel Oddone señaló que el gobierno se enfrentaba a un dilema por la suba del precio del petróleo.

Ese aumento “compromete el objetivo de resultado primario corriente de las empresas públicas en 2021 (de 1,2% del PIB)”, había dicho Oddone.

Si el precio del barril de petróleo se mantuviera en US$ 70 y con la evolución esperada del dólar, Ancap tendría un incremento de costos de US$ 450 millones en el año respecto a 2020, planteó. “Absorber el 100% de este incremento para las cuentas de Ancap sin trasladarlo a precios, implica un efecto fiscal de 0,8% del PIB. Es un deterioro importante” para las cuentas públicas, añadió Oddone.

El barril de petróleo se ha reducido desde entonces, ayer cotizaba a US$ 62,15, por lo que el impacto fiscal de no tocar los combustibles sería menor que en marzo, pero aún significativo.

Si el gobierno ajustara el precio de los combustibles para alinearlo al precio de paridad de importación, debería aumentar 9% las naftas ($ 5 por litro) y 7% el gasoil ($ 3 por litro), explicó Oddone. “Decidir un aumento de ese tipo, supondría un impacto” en la inflación de 0,2 puntos porcentuales”, expresó. Por tanto, el gobierno “tiene un dilema: hay un costo fiscal que absorber eventualmente y un precio a pagar en términos de competitividad e inflación, que el gobierno deberá determinar con qué combinación óptima hacerlo”, señaló Oddone.