APROBADO

Votación dividida de presupuesto del BPS: directores sociales criticaron recorte del gasto

El directorio del Banco de Previsión Social (BPS) aprobó el presupuesto para 2020 y 2021, aunque los representantes sociales tuvieron reparos y dos no lo votaron.

BPS. Foto: Leonardo Mainé
Ruíz cuestionó que recorte incluya reposiciones y Barindelli dijo que se priorizó al interior. Foto: Leonardo Mainé

El directorio del Banco de Previsión Social (BPS) aprobó el miércoles el presupuesto para este año y el próximo, con los votos de los directores oficialistas y la representante de los empresarios Elvira Domínguez. En contra votaron la representación de los trabajadores, liderada por Ramón Ruíz, y la de los jubilados que encabeza Sixto Amaro.

Como dio cuenta El País el miércoles pasado, el BPS proyecta una asistencia financiera de US$ 648 millones para 2020 -si bien en términos contables es un déficit, debe ser cubierto por Rentas Generales por mandato constitucional-, sin contar los impactos del COVID-19 en las finanzas -por el crecimiento histórico de la cantidad de personas en seguro de paro y por enfermedad- ya que esto será cubierto con dinero del Fondo Coronavirus que creó el gobierno. Además, para 2021 se proyectó un rojo 12% superior, de US$ 728 millones.

También el directorio votó el presupuesto operativo, que incluye un recorte del orden de 15% en los gastos e inversiones, en línea con lo pedido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto motivó que Ruíz y Amaro no apoyen el presupuesto.

“Los lineamientos de la OPP son injustos y perjudican al BPS, cuando el instituto es una de las herramientas más importantes para enfrentar la pandemia. No hubo lineamientos acordes a esas particularidades y se nos impuso algo general sin distinción”, cuestionó Ruíz.

En diálogo con El País, señaló que el funcionamiento del BPS “sentirá las medidas” de reducción del gasto. Por un lado se decidió “una reducción de vacantes y de pasantes”, cuando el organismo está “muy justo (de funcionarios), porque hacemos muchas más tareas que antes y no tuvimos un aumento de la plantilla, al contrario”.

El otro tema en que hizo foco Ruíz es que se decidió de forma unilateral alterar un acuerdo firmado en 2017 entre el BPS y sus trabajadores, por una partida denominada “salario variable” que es una retribución en función de objetivos sectoriales y generales. “Al contemplar los lineamientos de la OPP va a haber una rebaja en esa partida”, indicó.

La directora Daniela Barindelli, representante del Partido Colorado, dijo a El País que “se cumplió con el planteo de 15% (de reducción) de la OPP, siempre tendiendo a ser más eficientes en el gasto y que no se resientan los servicios del BPS”.

Añadió que en el directorio se “aspira a ser prudentes y austeros”. A su vez, destacó que se definió cubrir “algunas vacantes que van a estar destinadas al interior del país, porque el año pasado hubo (ingresos de funcionarios) en Montevideo”.

BPS es el que brinda asesoramiento a personas que tienen entre 40 y 50 años. Foto: María Inés Hiriart
Foto: Fernando Ponzetto.

Según supo El País, si bien apoyó el presupuesto, la directora Domínguez planteó algunos reparos, particularmente por la reducción de inversiones a nivel informático.

En los últimos años la representante de los empresarios no había votado el presupuesto del BPS por diferencias con criterios contables de la anterior administración.

Se cambiará el criterio sobre nominalización

En la próxima reunión de directorio y tras postergar en las últimas semanas la votación del tema, el BPS aprobará un cambio de criterio y dejará atrás la llamada nominalización, que refiere a la forma de cálculo de los aportes adeudados por una empresa ante una irregularidad detectada. Hasta el momento, si por ejemplo no está registrado un trabajador que cobra $ 20.000, se calcula lo adeudado tomando este monto como el sueldo líquido, es decir antes de aplicar el descuento de los aportes. De aprobarse la desnominalización -postura que defendió en los últimos años la representación de los empresarios-, el cálculo debe hacerse tomando los $ 20.000 como salario nominal, incluyendo en ese monto los aportes no realizados. Este criterio ha sido respaldado “en todos los fallos” por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), dijo días atrás a El País el presidente del BPS, Hugo Odizzio.

La directora Barindelli dijo a El País que la situación actual “es muy injusta con las empresas chicas que no tienen un sostén tal como para llegar al TCA (para recurrir la decisión inicial del BPS) y deben pagar lo que las empresas más grandes no, porque ganan los juicios”. Ruíz, director por los trabajadores, dijo que “el cambio de criterio beneficia solamente a los evasores y no a los cumplidores”. También que con la desnominalización “van a perder los trabajadores y se va a perjudicar al BPS”, al tiempo que remarcó que los asesores jurídicos del organismo defienden el criterio vigente.

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