Recriminaciones y cruce de acusaciones entre Katoen Natie y Montecon

Vuelve la "guerra portuaria" entre los dos operadores

Se crispó la relación entre los dos operadores que movilizan contenedores en el puerto de Montevideo —Montecon y Terminal Cuenca del Plata— que con cruce de declaraciones y recriminaciones reivindican sus derechos —legítimos según cada uno de ellos— de ocupar espacios y desarrollar su actividad.

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El año pasado el movimiento en el puerto cayó 5,4% en relación al 2013. Foto: A.Colmegna.

Si la "guerra portuaria" fuera una serie televisiva llevaría ya varias temporadas. En la serie se vería a dos grupos poderosos, enemigos íntimos que van disputándose espacios de poder y actividad comercial en un ambiente duro como lo es un puerto. Allí entonces, en esa lucha a veces gana uno, a veces su oponente y esos vaivenes retroalimentan un conflicto de partes permanente.

Así es la relación entre TCP (80% propiedad de la multinacional belga Katoen Natie y 20% del Estado) y Montecon en el puerto de Montevideo. La primera es la única terminal especializada en contenedores dentro del recinto portuario; la segunda opera en los muelles públicos del puerto.

El jueves pasado, el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, señaló a El País que es imprescindible que la Administración Nacional de Puertos (ANP) autorice a la empresa a adquirir tres grúas pórtico para operar en los espacios públicos y añadió que una respuesta final negativa —el tema ya lleva varios años en vueltas— pondría en riesgo la viabilidad futura de la compañía.

Además, la imposibilidad de colocar esas grúas específicas en Montevideo le hace perder productividad a Montecon, dijo Olascoaga, y por tanto favorece la actividad especializada de TCP. Ambas empresas se reparten en partes iguales el movimiento de contenedores en Montevideo.

En contraste, el gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, señaló ayer que Montecon "realiza prácticas que inducen tanto a la opinión pública como a sus propios clientes a una visión errónea de su estatus como operador portuario, presentándose como una terminal de contenedores cuando en realidad es un permisario precario de las áreas públicas del puerto de Montevideo".

Correa sostuvo que Montecon utiliza las áreas públicas del puerto en forma permanente e ininterrumpida "sin haber pasado nunca por un proceso competitivo que legitime su dominio sobre el espacio público portuario, amparándose en un régimen de almacenaje que está pensado para otros fines".

Añadió que su competidor se presenta como una terminal de contenedores sin serlo, promete servicios que no puede cumplir por su calidad de operador precario "para luego pretender que las autoridades (portuarias) resuelvan directamente sus problemas, solicitando autorizaciones que no corresponden".

Olascoaga también había dicho la semana pasada que su compañía estaba dispuesta a realizar inversiones para obras de infraestructura dentro del puerto montevideano. Eso fue cuestionado por Correa: "Tampoco basta con la mera intención de anunciar inversiones para obtener permisos en forma directa como pretenden".

Además, sostuvo que la pretensión de Montecon de adquirir las grúas pórtico es de larga data y ya fue laudada de manera negativa a nivel judicial.

Recordó que en 2002 Montecon presentó una demanda contra la ANP y TCP donde cuestionó que la terminal especializada tuviera el derecho exclusivo para el uso de grúas pórtico y que tuvo un fallo contrario a esa pretensión en 2013.

En el alegato que la ANP presentó ante la Justicia se indicó que "Montecon parte de una premisa ilegítima al reclamar que ANP incumpla y soslaye la ley de Puertos para beneficiar solo a su empresa, sin licitación o procedimiento competitivo, mediante entrega directa de un muelle en exclusiva para que pueda instalar y operar una grúa pórtico".

La ANP sostuvo que Montecon "ha decidido no realizar inversiones en infraestructura en el puerto de Montevideo (...) y no haber pedido nunca ninguna concesión de espacio en el recinto portuario que implique inversión en obras, lo ubican en una posición limitada respecto al uso en forma exclusiva del espacio portuario".

A su vez, en otra parte del alegato, la autoridad portuaria manifestó que "siendo (Montecon) un operador portuario que lleva años en estado precario, con permisos revocables, temporales (…) mal puede pretender Montecon en esas condiciones tener una grúa propia en el muelle, porque la ley de Puertos 16.246 lo prohibe. Y de invertir en infraestructura, se requiere por ley, que para poder ocupar un muelle como pretende Montecon y más con la instalación de una grúa pórtico, se requiere una concesión dentro del espacio portuario, autorizada y licitada en legal forma y en acto conjunto con el Poder Ejecutivo".

Con ese alegato y con el fallo judicial contrario, TCP entiende que la intención —reiterada en los últimos días por Montecon— de adquirir e instalar tres grúas pórtico en el puerto de Montevideo no debería tener andamiento.

Pretendemos que Montecon siga desarrollando su actividad, pero dentro del marco legal vigente, en muelles públicos que tienen carácter multioperador y multipropósito, sin avasallar los derechos de los demás a tal punto que se ha convertido en un operador de contenedores monopólico en las áreas públicas del puerto de Montevideo en perjuicio de otros operadores", afirmó Correa.

SABER MÁS

La concesión de la terminal.


La semana pasada Olascoaga había mostrado la intención de Montecon de competir en un proceso de licitación para operar la terminal especializada de contenedores (que actualmente gestiona TCP hasta 2025) si es que el gobierno optaba por abrir esa concesión.

Al respecto, Correa indicó que TCP "será muy enfática e irá hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos que legítimamente adquirió a través de la concesión de la terminal especializada de contenedores que ganó en 2001, donde, en conjunto con el Estado se ha invertido más de US$ 200 millones".

Además, el gerente de Katoen Natie calificó como un "atropello las presiones ejercidas por Montecon para obtener beneficios que violentan el marco legal vigente".

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