Cumpliendo con el nuevo mundo

¿Por qué las zonas francas tendrán más controles?

Norma alineada a OCDE; las del interior podrán tener local en Montevideo.

Proceso: a través de una ley, el decreto reglamentario y artículos en la Rendición de Cuentas se fijó nuevo esquema para zonas francas. Foto: archivo El País
Proceso: a través de una ley, el decreto reglamentario y artículos en la Rendición de Cuentas se fijó nuevo esquema para zonas francas. Foto: archivo El País

Luego de idas y vueltas que llevaron más de un año y medio, culminó el proceso de actualización de la normativa de zonas francas. Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que firmó el decreto reglamentario de la ley que rige el funcionamiento de estos exclaves, que había sido aprobada por el Parlamento a fines del año pasado y comenzó a regir en marzo.

Las principales variantes pasan por permitirle a las empresas que operan bajo el régimen dar —bajo ciertas condiciones— servicios a otras compañías y desarrollar algunas actividades en territorio no franco (estaba prohibido en la ley anterior). También, impone mayores exigencias a las nuevas firmas que se instalen con la presentación de un plan de negocios y una autorización por un plazo determinado que puede prorrogarse.

Según repasó Bergstein Abogados en un reciente informe, ahora conviven dos regímenes para los exclaves con distintas reglas: uno corresponde a las empresas ya autorizadas a operar en dichas zonas, que "recibirán más beneficios", y otro para las habilitadas desde marzo que "estarán sujetas a ciertas normas que resultarán menos ventajosas en comparación con el régimen hasta ahora vigente", ya que tendrán "niveles mínimos de contratación de personal e inversión en activos fijos, y verán condicionada su exoneración en materia de regalías".

La modificación legal persigue "como objetivos centrales modernizar el régimen (de zonas francas), potenciar y promocionar la radicación de actividades sustantivas en Uruguay y adherir a los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal", dijo el ministro interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, al término del Consejo de Ministros.

Varios de los cambios normativos buscan alinear a Uruguay con criterios internacionales en materia de zonas francas, en especial los fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su proyecto BEPS.

En ese sentido, el abogado y asesor de la Cámara de Zonas Francas (CZFU), Leonardo Costa, dijo a El País que la nueva normativa busca "exigirle un compromiso de sustancia, en el sentido de (tener) activos, riesgos y funcionamiento en el país", para evitar así la instalación de empresas fantasmas que usen los exclaves como forma de erosionar la base sobre la que pagan impuestos.

En febrero El País dio cuenta de un informe sobre "prácticas impositivas perjudiciales" de la OCDE que ubicaba a Uruguay entre las jurisdicciones con "incentivos fiscales dañinos", una advertencia que incluía al régimen global de zonas francas.

El tributarista Fabián Birn-baum explicó que "al final del día se pretende crear un nuevo orden tributario mundial y evitar que existan regímenes beneficiosos que impliquen la deslocalización de inversiones solamente por motivos tributarios", sumado a que "los intangibles han tenido su foco de atención debido a la facilidad para transferirlos y a la importancia económica que tienen".

Servicios.

Para Costa el "cambio fundamental" del nuevo marco legal es la posibilidad de "brindar servicios desde zonas francas a contribuyentes de IRAE", lo que "flexibiliza la actividad" de las empresas instaladas en los exclaves.

Además, a las empresas instaladas en zonas francas fuera del Área Metropolitana —que tienen "desventaja de localización"— se les permite "la exhibición de mercaderías en el departamento de Montevideo" siempre que se trate de "eventos específicos cuya duración sea igual o inferior a siete días y no superen la cantidad de cuatro por año", y también desarrollar actividades en una única oficina en la capital de "relaciones públicas; manejo de documentación auxiliar; facturación; cobranza de bienes y servicios de carteras no morosas".

Respecto a esto último, el decreto aclara que deben ser acciones "de naturaleza complementaria a la actividad sustantiva autorizada y no podrán consistir en operaciones de venta de bienes y servicios ni en la promesa de venta de los mismos". Las empresas deberán remitir información detallada a la DGI, que podrá "exigir los recaudos pertinentes en atención a la excepcionalidad del régimen".

Esto responde a que durante el debate en el Parlamento hubo varias discusiones referidas a este punto, ya que el MEF planteó que la redacción original podría generar "un problema muy importante" de recaudación y constituía "un cheque en blanco" para los exclaves debido al riesgo de evasión. Una redacción alternativa habilitó esas actividades con expresa autorización y dando mayor poder de control a la DGI.

Control.

Ferreri planteó que "los contratos de zonas francas que se otorgaban sin límite de tiempo ahora tendrán uno específico, que podrá ser ampliado en función del cumplimiento de los planes de negocios presentados en su momento". Las empresas ya instaladas que no tuvieran una fecha de caducidad del permiso, tienen hasta 2021 para presentar la información requerida y lograr la habilitación. Según Costa, se establecen "plazos más cortos de manera de tener más control".

El jerarca destacó que "cada nuevo usuario que quiera operar deberá presentar un plan de negocios que establezca qué tipo de actividad genera y qué valor agregado deja al país".

Directivos de la CZFU consultados por El País (aún no habían visto el decreto), coincidieron en que hay "requisitos más exigentes" para instalarse, pero destacaron su "conformidad" con la nueva legislación porque "aggiorna" al país. Descartaron que esto implique "algún cambio sustantivo en la actividad económica de las zonas francas" ni que disminuya el interés de nuevas firmas por instalarse.

Hay 11 y emplean 14.000 personas

Actualmente en Uruguay existen 11 territorios francos donde trabajan unas 14.000 personas según el último censo que se realizó durante 2016, siendo un 90% de los empleados uruguayos y el restante 10% extranjeros. Tres están instaladas en Montevideo: Aguada Park, WTC Free Zone y Zonamerica. Las demás en el interior: Parque de las Ciencias en Canelones; Punta Pereira —la zona franca de Montes del Plata en Conchillas—, Nueva Palmira —administrada por el Estado—, Colonia Suiza, Colonia, Libertad (San José) Florida y UPM Fray Bentos (Río Negro). El 49% del personal de los exclaves trabaja en Zonamerica, le sigue Aguada Park con 18%, WTC Free Zona con 9% y Punta Pereira con el 5% del total de ocupados. El sueldo promedio es de US$ 3.133.

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