MONTEVIDEO

Operadores portuarios en alerta ante novedades

Una política más agresiva de Buenos Aires quita transbordos e iniciativa de regulación de la ANP preocupa.

El movimiento de contenedores en el puerto se redujo 14% el año pasado. Foto: Darwin Borrelli
El movimiento de contenedores en el puerto se redujo 14% el año pasado. Foto: Darwin Borrelli

No debería causarnos grandes sobresaltos, pero son llamados de atención”. Así resumió una fuente portuaria los impactos que está sufriendo la terminal de Montevideo por la política más agresiva definida por el puerto de Buenos Aires, en línea con un impulso de la actividad que instauró el presidente vecino Mauricio Macri.

La última novedad fue la rebaja del 90% de un impuesto que la Dirección de Migraciones argentina cobra a las empresas navieras que operan barcazas con carga de transbordo que llegan por la hidrovía Paraguay-Paraná y van a cualquier terminal extranjera a más de 300 kilómetros, informó el diario argentino El Cronista.

“Argentina ha hecho muchos anuncios y no siempre los concreta. Pero sí trabajan más activamente en captar tránsitos y debemos preocuparnos porque parte de la competitividad del puerto de Montevideo pasa por esos transbordos”, dijo a El País el gerente general de Montecon -principal firma que opera en los muelles públicos-, José Olascoaga.

Mientras que el director de Relaciones Institucionales de Katoen Natie -firma belga que tiene a través de Terminal Cuenca del Plata (TCP) la única terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo-, Fernando Correa, coincidió que en una mirada de corto plazo “se está desviando carga” desde la terminal local hacia Buenos Aires, pero defendió las mejoras comparativas de Uruguay “en el mediano y largo plazo” frente a los vecinos.

“La ventaja de Montevideo es que hoy tiene dos metros más de profundidad (que Buenos Aires) y un mayor canal de navegación”, destacó Correa y recordó que dentro del Plan Maestro definido por la Administración Nacional de Puertos (ANP) está previsto dos metros más de profundidad.

La competencia entre los dos vecinos del Río de la Plata está centrada en la carga paraguaya, que por una cuestión de cercanía territorial solía ir a Buenos Aires, lo que cambió en esta década con las trabas impuestos por el gobierno de Cristina Fernández.

Así la terminal de Montevideo acaparó parte importante de esos transbordos, pero la asunción de Macri con una nueva política portuaria y demoras ocurridas con la carga paraguaya a fines de 2017 en los muelles públicos cambiaron el panorama. En 2018 la terminal tuvo una caída de 22% de los transbordos y una baja de 14% en el movimiento de contenedores.

Los operadores portuarios coinciden que hubo “una corrección” en el nivel de carga en tránsito y se alcanzó “un equilibrio”.

La apuesta de la ANP ahora pasa por sumar carga proveniente de Bolivia y para ello firmó un acuerdo con el gobierno de aquel país. El Observador informó que esta semana autoridades bolivianas recorrieron los puertos uruguayos y se reunieron con operadores portuarios privados.

Hace un mes, el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, dijo a El País que Bolivia “tiene muchas cosas que puede sacar por el Atlántico”, como sus exportaciones de hierro, urea y litio. También se aspira a que pueda llegar a los puertos locales la mercadería que importan.

Regulación

La ANP envió un mensaje al Centro de Navegación (Cennave) -la gremial del sector portuario- que generó preocupación y rechazo en distintos actores. Según la nota a la que accedió El País, se creará un “glosario” que determinará cuáles servicios puede prestar cada tipo de prestador (depósitos portuarios, transporte, agencias marítimas, terminales) que opera en los muelles públicos.

“Es intención de la ANP propiciar ante el Poder Ejecutivo el dictado de un decreto que habilite a facturar y cobrar exclusivamente los servicios portuarios contenidos en el glosario”, dice la misiva.

Fuentes del sector dijeron a El País que “la voluntad final es regular las tarifas” debido a presiones de la Unión de Exportadores. Señalaron que “no es bueno mejorar la competencia regulando”, ni ante “un problema determinado de abuso (de precios) en los servicios” otorgar la potestad al regulador “de decir esto está bien y esto mal, no es el rol de la ANP”.

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