ANÁLISIS

La preocupación por el vecino: la estrategia económica por elecciones en Argentina tiene riesgos

Nueva estrategia de Alberto Fernández para la votación de medio término en octubre.

Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: Reuters.
Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: Reuters.

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El gobierno de Alberto Fernández continúa dando señales de que, al menos durante los próximos meses, el rumbo de la economía estará supeditado a las necesidades políticas del oficialismo de cara a las elecciones parlamentarias de medio término fijadas para octubre próximo.

Hasta entonces, todos los esfuerzos estarán dirigidos a intentar desacelerar el ritmo de la inflación para que la población pueda percibir en sus bolsillos una mejora del poder adquisitivo luego de tres años de caída.

Con ese objetivo de corto plazo por delante, el gobierno desempolvó la vieja receta que suele ser utilizada en Argentina en años electorales: deslizamiento del tipo de cambio oficial a un ritmo menor al de la inflación, freno al aumento de las tarifas de los servicios públicos, control de precios en productos de consumo masivo y disminución de la carga tributaria para los sectores de ingresos medios.

El plan electoral representa un giro con relación a los planteos del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien viene insistiendo en la necesidad de respetar la sostenibilidad fiscal para no abusar de la emisión monetaria.

“El gobierno activó la economía del año electoral. Es un clásico en Argentina usar el ancla tarifaria y cambiaria para tratar de anestesiar la inflación y que el salario real pueda crecer. Para alcanzar esos objetivos, el gobierno tiene a favor la cosecha. Si bien todavía hay una incógnita sobre cuáles van a ser los rindes por la sequía que está afectando a algunas zonas, el valor de la cosecha podría ser de unos US$ 8.500 millones mayor al del año pasado”, dijo a El País el economista Martín Vauthier, director de EcoGo Consultores, en Buenos Aires.

Aunque el volumen de producción cayó levemente con respecto a la campaña anterior, los precios de los principales granos que exporta Argentina están un 60% por arriba de los valores de un año atrás.

En ese marco, ya en el primer bimestre la liquidación de divisas por exportación de granos y subproductos alcanzó los US$ 3.950 millones, un 62,6% más que en el mismo período de 2020, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Ese flujo de divisas, que se acelerará entre abril y julio, le dará más margen al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para controlar el mercado cambiario y utilizar al dólar oficial como un ancla con el objetivo de desacelerar el aumento de precios en los próximos meses. Para acotar las variaciones del tipo de cambio, el gobierno también suma crecientes restricciones a la demanda. El Banco Central viene cerrando cada vez más el grifo de dólares para las importaciones al punto que se multiplican los pedidos de amparo presentados por empresas para que la Justicia les habilite la entrega de divisas.

Soja. Foto: Archivo El País
La cosecha de granos en Argentina, como la soja, dará margen al gobierno para implementar su nueva estrategia. Foto: Archivo El País

En ese contexto de mayor oferta y represión a la demanda, Guzmán adelantó que el dólar oficial subirá este año un 25%, un ritmo muy inferior a la inflación del 48,1% estimada por analistas y consultores que envían sus proyecciones al BCRA.

Además de un mayor flujo de divisas en el canal comercial, las exportaciones de soja, maíz y trigo a precios altos también aportarán más recursos al fisco vía el cobro de retenciones.

Con ingresos adicionales equivalentes a casi el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), el gobierno decidió incrementar el gasto en subsidios y dar marcha atrás con el ajuste de tarifas que tenía previsto.

Según el Presupuesto presentado por Guzmán en septiembre pasado, el monto de los subsidios para contener las tarifas debería equivaler este año al 2,6% del PIB, un nivel idéntico al de 2020. Para eso, las boletas de electricidad, gas y agua deberían llegar a los domicilios con aumentos en torno al 40%. Sin embargo, el gobierno solo concedería incrementos menores al 10%.

Los recursos extraordinarios que aportará la cosecha también servirán para compensar la caída de la recaudación por la reducción del Impuesto a las Ganancias a quienes perciban salarios netos entre 75.000 pesos argentinos (unos US$ 830 al tipo de cambio oficial) y 125.000 pesos argentinos (unos US$ 1.400).

Además de intentar dinamizar el consumo, con ese alivio tributario el gobierno también busca tender puentes con la clase media, un segmento tradicionalmente hostil al kirchnerismo.

No obstante toda esta estrategia tiene riesgos a mediano plazo.

CLAVE

Los riesgos de la nueva estrategia económica de Alberto Fernández

El giro del gobierno implica que la corrección del déficit fiscal primario del 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) con que terminó 2020 será más gradual que lo deseado por el ministro Guzmán. De hecho, para contar con un mayor margen fiscal en el año electoral, el sector político de la Casa Rosada presiona para postergar un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta después de los comicios.

Sin embargo, economistas advierten que la estrategia entraña riesgos a mediano plazo. “El gobierno necesita una recuperación muy fuerte de la economía para mejorar las expectativas después de la caída del PIB de 10% el año pasado y, en función de eso, está desarmando muchas de las políticas que ayudaron a estabilizar el mercado cambiario en los últimos meses. Apelar al clásico atraso cambiario para incrementar el poder adquisitivo de los salarios en dólares es un riesgo debido a que hay una brecha cambiaria elevada y el stock de reservas netas del Banco Central sigue siendo muy acotado”, dijo a El País el economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora Ecolatina, en Buenos Aires.

Esos riesgos se incrementan con niveles de inflación que no ceden pese al congelamiento de las tarifas y la desaceleración del ritmo de devaluaciones diarias del peso. Tras la suba del 12% acumulada entre diciembre y febrero, en marzo se espera otra vez una inflación en torno al 4%. Hasta julio, las proyecciones no bajan del 3% mensual, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el BCRA.

Si esas estimaciones se cumplen, la elevada inflación no solo impedirá una recuperación vigorosa del consumo en los próximos meses, sino que acelerará el atraso del dólar justo en los meses en que podrían asomar las clásicas tensiones cambiarias preelectorales en Argentina.

“El éxito del plan pasará por mantener acotado el tipo de cambio hasta las elecciones, pero siempre está el riesgo de que el mercado se anticipe. Dependerá de lo que pase con los precios internacionales de las materias primas en los próximos meses y lo que efectivamente se termine liquidando, además de si habrá o no una radicalización en el discurso y las medidas del gobierno”, dijo Vauthier.

Como tantas otras veces en la historia argentina, el gobierno de Alberto Fernández apela a la vieja receta de forzar las variables económicas para obtener réditos políticos de corto plazo en un año electoral.

“El gobierno va a poner este año toda la carne en el asador para tratar de llegar lo mejor posible a las elecciones. Tal vez lo logre, pero el problema de estos planes es el día después. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las tarifas en 2022 después de dos años de congelamiento? Desde 2012, Argentina viene sufriendo recesiones en todos los años pares después de un año electoral. Hay un riego creciente de que eso se repita en 2022”, dijo Sigaut Gravina.

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