PARLAMENTO

Reserva hasta el 30% a firmas “de la economía social y solidaria”.

Durante una sesión por momentos crispada —la palabra "nabo" se escuchó más de una vez— la comisión especial de Cooperativismo de la Cámara de Diputados aprobó el martes un proyecto de ley que, entre otros, reserva como máximo el 30% de las compras del Estado a los llamados "emprendimientos de la economía social y solidaria". La Diaria informó de esto ayer, e indicó que pasaría al pleno de la cámara. "Se van a pulverizar empresas por este mecanismo perverso", dijo el blanco Rodrigo Goñi. según la versión taquigráfica a la que accedió El País. El colorado Conrado Rodríguez sostuvo que "esto generará un sobrecosto importante para el Estado, que terminará siendo pagado por los contribuyentes".

Desde filas del Frente Amplio, Roberto Chiazzaro defendió que "es una buena apuesta que está haciendo este gobierno, tratando de fortalecer las fuentes de trabajo".

El proyecto define a la "economía social y solidaria" como un "sistema socioeconómico y cultural, conformado por el conjunto de organizaciones y redes que desarrollan fines colectivos o sociales, caracterizado por las prácticas solidarias, asociativas, cooperativas y de ayuda mutua".

Estos emprendimientos "se caracterizan por desarrollar su actividad de producción o provisión de servicios de modo tal que los medios de producción y la organización del trabajo responden a la propiedad colectiva, la gestión participativa, la autogestión y la solidaridad, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus integrantes en procura del desarrollo humano y la democratización de la economía a partir de la producción de bienes y servicios, su distribución, circulación, comercialización, financiamiento y consumo justo y responsable".

Además de la reserva de hasta 30%, el proyecto contempla para los bienes y servicios que estén alcanzados por esta medida "un margen de preferencia". Esto se definirá de acuerdo a una categorización establecida: emprendimientos micro —ocupan no más de cuatro personas y no venden más de 2 millones de unidades indexadas (UI) por año—; pequeños —no más de 19 empleados y ventas por hasta 10 millones de UI—, y medianos —hasta 99 trabajadores y un tope de ventas de 75 millones de UI—. El margen de preferencia será de 20% para los micro y pequeños, y de 10% para los medianos. Se aplicará "como un adicional sobre el precio de las ofertas que no estuvieran comprendidas" en los requisitos del proyecto "a los efectos de la evaluación económica de las ofertas".

El economista Andrés Dean —experto en cooperativismo— dijo ayer en su perfil de Twitter que hay "varios argumentos" para otorgar preferencias a las cooperativas de trabajadores frente a las "empresas comunes", pero marcó diferencias con el proyecto. "Con la actual redacción el Estado podría verse obligado a comprar algo de calidad muy inferior y/o mucho más caro solo porque lo vende una empresa de la economía social y solidaria", dijo.

También dentro del gobierno hay resistencias. El jueves pasado El Observador informó que el director de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), Álvaro Correa, alertó tiempo atrás en la comisión que los costos de las compras estatales podrían aumentar entre 4% y 5% si este proyecto era aprobado.