Un trabajo como cualquier otro

“Se cuida al cliente, al consumidor del servicio, y no a nosotras, que en realidad tendríamos que tener mayor cantidad de beneficios que el propio consumidor. Es como un trabajo común, si vos vas a estar en una empresa cualquiera, hasta la propia empresa tiene su sindicato y la propia empresa protege a su trabajador”, sostuvo la referente en Salto de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Vanesa Pintos.

A pesar de su larga existencia, aún se invisibiliza y estigmatiza a las trabajadoras sexuales, tomándolas como “personas de segunda”, denuncian desde el sector.

Según los datos aportados por Karina Núñez, presidenta de Otras, en Uruguay hay más de 13.300 trabajadoras sexuales, de las que en Montevideo se encuentran más de 3.000.
“No significa que todas están activas (en este momento). El registro es de todas aquellas mujeres que llegaron a hacerse el carné del Ministerio del Interior”, explicó.

A su vez, Solana Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (IM), afirmó que “si bien no tenemos números que lo respalden, de alguna manera con la crisis (por la pandemia del COVID-19) se ha incrementado muchísimo la oferta de trabajo sexual. Hay más mujeres, que al no tener ingresos propios, han empezado en el trabajo sexual. Entonces, en este contexto, sería súper importante y necesario tener una política activa para el reconocimiento del ejercicio sexual como trabajo y la garantía del acceso a derechos, que cualquier trabajador tiene”.

Agregó también que “hubo un esfuerzo de pensar cuales son los colectivos que precisaban algún subsidio, por el paro de actividades. Claramente, las trabajadoras sexuales fueron uno, pero nunca estuvieron arriba de la mesa de los beneficios que se establecieron”.

Ante la crisis, la presidenta de Otras explicó que algunas trabajadoras tuvieron que recurrir a mudarse a piezas en las mismas whiskerías o bares en los que trabajan o, en otros casos, “tuvieron que optar por mantener vínculos sexo afectivos con personas que eran clientes habituales, para poder asegurarse el plato de comida. Tuvieron que dejar de prostituirse para muchos, para prostituirse con uno solo”.

“Otra de las cosas que también nos pasó, es que muchas de las compañeras teniendo hijos o hijas privadas de libertad, las cajas de ellos dependían del ejercicio del trabajo sexual y llegamos a tener compañeras que llegaron a recibir videos de cómo torturaban a sus hijos dentro de los pabellones porque la caja no llegaba” afirmó Núñez.

A raíz del aumento de la oferta sexual y la disminución de demanda, Vanesa Pintos explicó que “del 100% de las ganancias que tenían las compañeras, bajó un 60%. Estamos hablando de una cifra muy importante, donde compañeras tuvieron hasta cartas de desalojo por no pagar su mensualidad”.

En cuanto a los ingresos, se encuentran diferencias por franjas etáreas, como también por la localidad en la que se desarrolle el trabajo sexual. En Montevideo pueden llegar a cobrarse tres veces más que en el interior.

Según Karina Núñez, una chica joven, entre 18 y 35 años, puede percibir entre $ 50.000 y $ 60.000 de ingresos mensuales, mientras que una trabajadora mayor a 60 años de edad, no supera los $ 3.000 o $ 4.000 por mes, teniendo que recibir ayuda de sus compañeras en las whiskerías.

A su vez, Pintos sostuvo que en el interior “hay compañeras que son jóvenes y no pasan los $ 15.000 o $ 20.000 mensuales”.

Uno de los motivos para la conformación de Otras, fue “para colaborar en la autonomía económica de quienes están en ejercicio del trabajo sexual, en la mejora de las condiciones laborales, ante los espacios que pertenecen a terceros en el cual las compañeras se ven obligadas a ejercer”, explicó Núñez.

A su vez, Quesada expresó que “las trabajadoras sexuales tienen inquietudes de organizarse colectivamente, en esto de poder hacer cooperativas y de poder autogestionarse en las casas o lugares que se ejerce el trabajo sexual, donde no tengan que depender de un proxeneta, sino que entre ellas puedan generar esas redes de protección. No es para salir del trabajo sexual, pero sí es para salir de la explotación”.

Si bien la figura del proxeneta no es legal, sí se encuentra en la práctica. En los lugares que se ejerce este trabajo, los “pases” (prestación del servicio a un cliente) suelen repartirse en un 70% para el lugar y un 30% para la trabajadora.

A su vez, otra contra que encuentran para alcanzar su autonomía económica es la complejidad de reunir los fondos para obtener un lugar propio.

“Yo pedí en 2015 un crédito, con mi unipersonal, como trabajadora sexual, quería reformar un espacio que había alquilado para ofertar servicios sexuales y el banco me lo denegó. Que para ese tipo de rubro el banco no tenía financiamiento. Entonces, si no se genera la autonomía económica de las trabajadoras, no se va a poder cortar con las redes de proxenetismo que el Estado avala”, concluyó Karina Núñez.

“Sólo a través del monotributo Mides se está pagando casi $ 1.800. Se aporta en base a un ficto, que no sé de dónde lo sacaron. Nosotras tenemos un trabajo como los jugadores de fútbol, somos productivas en el primer lapso de nuestra vida, desde los 18 a los 35, si está muy bien conservada, luego de ahí va descendiendo. Lo hacen lineal el ficto. Si una de las tres compañeras que tenemos con 65 años, tuviese que pagar $ 1.800, es inviable porque lo que hace por semana no le da ni para pagar la pensión en donde vive” sostuvo Núñez.

Agregó también que piden que el ficto sea “por franja etárea y que fuera descendiente. Que aportáramos más entre los 18 y los 35, de los 36 a los 45 aportáramos un poco menos y de los 46 en adelante fuese menos”.

A su vez, Quesada explicó que con la regulación de una figura específica para la trabajadora sexual “hay mayores posibilidades de mejora en el acceso a la seguridad social, porque el monotributo es limitante, porque el aporte es hasta determinado tope”.

En esta línea, Vanesa Pintos expresó que “tendría que existir la figura de trabajadora sexual porque hay muchas personas que han ejercido el trabajo por más de 40 años, aún lo siguen ejerciendo, y nunca tuvieron un aporte”. Agregó que reciben la jubilación mínima, siendo un “poquitito más que una pensión”.

Otro de los objetivos de Otras, es “acompañar a aquellas compañeras que quieran salir del ejercicio del trabajo sexual, para poder buscarle salidas, proyectos de vida lejos del trabajo sexual”, afirmó Karina Núñez.

A su vez agregó que la salida no es “que te digan que te van a dar un curso de corte y confección y hay 400 personas que trabajan de eso, siendo que a la compañera no le gusta hacer corte y confección, sino que le gusta hacer diseño”.

“El punto más flaco de ese proceso es la inserción laboral real y efectiva. La trabajadora sexual, luego de llegar a un ingreso determinado, necesita algo que le genere un ingreso similar, en general los proyectos sociales que se generan, son de ingresos menores a los que las trabajadoras sexuales acceden. Hay trabajadoras sexuales de mayor edad que también tienen muchas dificultades de supervivencia y quizá su ingreso no es lo mismo. Entonces, el énfasis en los programas es diferente. No es lo mismo una trabajadora sexual de mayor edad, que quizás necesite más apoyos, a una trabajadora más joven que percibe más ingresos. Es una línea importante para pensar y trabajar”, expresó Solana Quesada.

“La normativa que tiene la intendencia es la regulación de los prostíbulos, que tiene más que nada con la parte edilicia y con la norma que existe a nivel de la Junta Departamental, que se plantea revisar con este diagnóstico, que por ejemplo plantea que no pueden estar a tantos metros de centros educativos, centros religiosos o determinadas instituciones. El rol que la intendencia tiene es en relación a la habilitación de prostíbulos, casas de masajes y algún otro rubro”, explicó Quesada.

Agregó también que “hay un espíritu de cambio de la normativa actual, porque es muy sanitarista, es cuidar al cliente y no a la trabajadora. La parte positiva, es que está permitido el ejercicio del trabajo sexual”.

Según el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, llevado a cabo por la IM y la ONG El Paso, “se les consultó a las personas sobre los costos que debían asumir. Casi la totalidad (96%) de las mujeres que respondieron deben costear elementos sustanciales para el desarrollo de la actividad independientemente de si efectúan la actividad en prostíbulos, whiskerías, calle o apartamentos prostibulares o individuales”.

Según el relevamiento de datos, los costos que se toman como frecuentes para brindar el servicio son: calle (lugar en la esquina), pases, publicidad o fotos, condones y lubricantes, limpieza; pieza, apartamento u hotel; transporte y ropa y estética.

Invisibilización

Karina Núñez

Presidenta de Otras

“El grado de protección de las trabajadoras sexuales en una sociedad, está dado por el grado de invisibilidad que la sociedad le dé a la labor que desarrolla. Cuanto más nos invisibilizan, más en manos de los explotadores nos dejan, siendo cómplices”.

Vanesa Pintos

Vanesa Pintos

Referente en Salto de Otras y activista trans

“Acá estuvimos en cuarentena, si bien nos dejaban ir, la policía nos veía en la calle y nos dejaba hacer la del día. Salían las compañeras, hacían un pase y se iban. Acá optamos, con las compañeras, a dar el servicio a cambio de plata y expensas. Un monto mínimo y luego pueden ser comestibles, lo importante es tener la alacena llena y con lo poco que vas ganando poder pagar las cuentas”.

Protocolo

Solana Quesada

Directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM

“Claramente no se respeta la distancia, porque en un acto sexual íntimo entre dos personas, pero en los espacios comunes, en la posibilidad de poder higienizarlo cuando vengan otras personas a utilizar el mismo espacio físico, estén en condiciones de higiene y si hubo virus, que no se mantenga. Lo que se hace, de alguna forma, es tratar de generar condiciones para que se disminuya la posibilidad de un contagio. No se le está pidiendo a las trabajadoras sexuales que no trabajen”.