MARÍTIMAS

Uruguay acepta 50 años la concesión de contratos

Difícil repago de megainversiones en 30 años.

Puerto de Montevideo. Foto: archivo.
Puerto de Montevideo. Foto: archivo.

Para nuestra sorpresa, aunque no tanto, porque esta misma actitud ya la habíamos observado en el caso de UPM, cuando a esta empresa se le otorgó una concesión en el Puerto de Montevideo por 50 años.

Esto significó un cambio en la normativa portuaria para este propósito. Sí es cierto que 50 años es mucho tiempo, pero no es menos cierto que los costos de los proyectos de este siglo son enormes, lo mismo que las máquinas y los equipos, ya que todos son de valores que no se pueden repagar en 30 años.

Vemos, entonces, que con este vuelco Uruguay se propone continuar avanzando en el largo y profundo camino del desarrollo y expansión, considerando esta nueva línea política en cuanto a los plazos contractuales de las principales concesiones, pasando de los actuales máximo de 30 años a un máximo de 50 años.

Y aquí sí viene la sorpresa, que no la descubrimos nosotros sino que nos fue transmitida y es que, hace pocos días, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que habia sido propuesto por el gobierno anterior en la última sesión del Poder Ejecutivo, seamos precisos, el dia 28 de febrero de 2020.

Nos pareció valiosa su divulgación porque coincidimos con el espíritu del mismo, en tanto contribuya a resolver y responder a los cambios del mundo actual.El proyecto de ley, referido a instalaciones aeroportuarias en el Uruguay y que ahora deberá ser considerado por la Cámara de Diputados, declara en sus primeros artículos:

Artículo 1: Se crea el “Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales de Uruguay”; Artículo 2: Se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar, renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de los aeropuertos por un plazo de hasta 50 años;

Estas concesiones deberán tener como contrapartida -lo que es muy lógico- la realización de inversiones en equipamientos, obras y servicios, así como mejoras en la conectividad regional e internacional.

Pasemos por alto el extraño procesamiento de este proyecto, incluso a quien fue hace pocos dias su miembro informante en el Senado y valoremos en cambio los beneficios que su aplicación, a requerimiento de parte interesada, traerá a Uruguay. Naturalmente una concesión a 50 años deberá responder a proyectos de inversión de magnitud económica atrayente, cuyo repago muestre a todas luces la imposibilidad de recuperación en plazos menores a 30 años, que ya no se aplican en muchos países en este mundo globalizado.

La opinión generalizada en Uruguay, en consonancia con la tendencia mundial, es que grandes inversiones requieren cada vez mayores plazos de concesión, para hacer que los proyectos de inversión privados sean financieramente viables y Uruguay hoy, con esta política de Estado, genera las condiciones jurídicas para el desarrollo de las mismas.

Esperamos que no haya sorpresas y que también el proyecto sea aprobado en Diputados por unanimidad, tal como lo fue en el Senado.

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