INFORME

Uruguay es el mejor en América Latina en capacidad para combatir la corrupción

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en América Latina, que elaboran el foro Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risks volvió a mostrar a Uruguay como líder.

Empresarios trabajando en una oficina. Foto: Shutterstock
La opacidad en compras estatales es un aspecto clave para que prolifere la corrupción. Foto: Shutterstock

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La pandemia del COVID-19 afectó la vida y la economía del mundo, y hasta a sectores en que pasó desapercibido: uno de ellos es el combate a los delitos económicos o también conocidos como “de cuello blanco”.

El foro Americas Society/Council of the Americas y la consultora especializada en riesgos Control Risks elaboraron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que evalúa a todos los países de América Latina y que en Uruguay divulga el diario El País.

“La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores”, planteó el informe del CCC 2021.

Según el reporte “continuó la ampliamente documentada erosión de las instituciones democráticas en algunos países, y hubo una preocupante disminución de la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción en casi todos los países. Los errores y abusos denunciados y percibidos que cometieron varios fiscales y jueces de alto nivel en los últimos años también han contribuido a que disminuya el apoyo popular al movimiento anticorrupción que surgió en gran parte de América Latina a mediados de la década de 2010”.

América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en lo económico como en el número de muertes. Con gobiernos sometidos a una presión financiera cada vez mayor, y con los sistemas sanitarios de muchos países gravemente deteriorados, los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado”, afirmó el informe.

“Mientras los gobiernos realizan cuantiosos gastos de emergencia para ayudar a los más vulnerables, la reducción de la vigilancia ha contribuido a la opacidad en las adquisiciones públicas y al gasto excesivo en equipos de protección, respiradores y otros suministros médicos. Los informes sobre la falsificación de mascarillas y vacunas han deteriorado aún más la confianza de la población y han retrasado la vuelta a la normalidad”, añadió.

túneles de desinfección coronavirus
La pandemia del COVID-19 fue el ámbito propicio para la opacidad en las compras públicas y el gasto excesivo en equipos de protección, en algunos países..

A su vez, “las crecientes dudas sobre la implementación del Estado de derecho y sobre la calidad de las instituciones judiciales han socavado la confianza de las empresas en un momento en que a lo largo de América Latina tanto la inversión extranjera como la nacional se encuentran en los niveles más bajos de los últimos años”, expresó el reporte.

No obstante, “hubo notables excepciones a estas desafiantes tendencias, sobre todo en países como Uruguay, Chile y Costa Rica, donde la calidad general de la democracia y la fortaleza de las instituciones políticas siguen siendo altas. Los proyectos de leyes anticorrupción avanzan lentamente en las legislaturas de Chile y Colombia”, indicó el reporte.

Además, “en la República Dominicana se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción. En Panamá y Ecuador se han producido mejoras considerables en cuanto a la independencia de sus jefes de ministerios públicos y a su capacidad para hacer frente a los delitos de cuello blanco”, agregó.

¿Cómo le fue a Uruguay en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción? 

El Índice CCC evalúa 14 variables en vez de centrarse en la percepción de corrupción como otros indicadores. Entre esas variables están “la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado”, explicó el informe.

Clave

Qué hace el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala.

Por segundo año consecutivo, el índice abarca a 15 países, que en conjunto representan casi el 95% del Producto Interno Bruto de América Latina.

También por segundo año seguido, Uruguay obtuvo la puntuación más alta del índice. A su vez, cinco de los 15 países evaluados experimentaron un descenso significativo en sus puntuaciones, lo cual refleja el deterioro del contexto general mencionado. En siete países, las puntuaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios y tres países experimentaron mejoras considerables.

Uruguay obtuvo 7,80 puntos en 10 posibles (eso es 0,02 unidades más que en 2020), una diferencia de 1,29 puntos sobre Chile que fue segundo.

En la categoría Capacidad Jurídica (que comprende siete variables), Uruguay obtuvo 7,59 puntos. En la categoría Democracia e Instituciones Políticas (involucra tres variables) el país obtuvo 8,19 unidades y en la categoría Sociedad Civil y Medios de Comunicación (cuatro variables) el puntaje fue de 8,02.

El informe señaló que “la puntuación global de Uruguay se vio efectivamente inalterada desde 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19 y del cambio de gobierno”.

“En la categoría de capacidad jurídica, Uruguay supera a Costa Rica, que ocupa el segundo lugar, por 1,3 puntos. Esto refleja altos niveles de independencia judicial, cooperación internacional y la independencia de sus instituciones anticorrupción. En la categoría de la democracia e instituciones políticas, Uruguay mantuvo su liderazgo regional en variables como la legislación sobre la financiación de las campañas, los procesos legislativos y de gobierno, y la calidad general de la democracia. Un incremento del 7% en la variable de comunicaciones digitales y redes sociales contribuyó a una ligera mejora en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación”, evaluó el reporte.

Por otro lado, el reporte afirmó que “las políticas antilavado de dinero siguen siendo un desafío para Uruguay: la variable que mide la capacidad de Uruguay para combatir los delitos de cuello blanco cayó un 5% desde 2020. A pesar de las importantes mejoras introducidas en los últimos años, los organismos de control internacionales han destacado la necesidad de que Uruguay avance” en esta materia.

El País consultó al respecto a Gabriel Brasil analista asociado para Brasil y el Cono Sur de Control Risks. “Me gustaría resaltar que, a pesar de la reducción de su puntaje en 2021, Uruguay continúa presentando los mejores resultados de la región en lo que respecta a la lucha contra los delitos de cuello blanco”, dijo Brasil y añadió que “el ligero deterioro de su puntaje para esta variable tiene que ver, en buena medida, con los desafíos más generales que enfrenta Uruguay en su lucha contra la corrupción”.

Los desafíos que marcó el informe para el gobierno de Lacalle Pou
Recorte de recursos a la Jutep y flexibilización de normas
Luis Lacalle Pou. Foto: Juan Manuel Ramos

Uno de los problemas que identificó el reporte en Uruguay son “los actuales desafíos presupuestarios de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep, también conocida como Junta Anticorrupción), que pueden impactar de manera significativa su capacidad de conducir investigaciones en el contexto de esquemas más sofisticados”, dijo a El País el analista asociado para Brasil y el Cono Sur de Control Risks, Gabriel Brasil.

De hecho, el informe advirtió que “la Jutep se ha enfrentado a restricciones presupuestarias durante el último año, tras las medidas de austeridad del gobierno de (Luis) Lacalle Pou, las cuales probablemente continuarán en 2021”. Añadió que “las considerables reducciones de los recursos y del personal de la Jutep podrían provocar contratiempos en las investigaciones en curso y en las que se realicen en el futuro”. A su vez, el reporte recordó que el Poder Legislativo “está debatiendo una nueva ley de financiación de campañas. Aunque algunas mejoras en la transparencia están en el radar, un posible aumento de la financiación pública podría crear desafíos en materia de rendición de cuentas para los partidos políticos”.

El otro reto que tiene Uruguay tiene que ver con el lavado de activos. El analista Brasil dijo a El País que “Uruguay ha avanzado significativamente en la mejora de su legislación contra el lavado de activos en los últimos años, lo que ha sido reconocido por organismos internacionales. Cambios legislativos para alinear el marco legal con estándares internacionales (como los de la OCDE) han contribuido a tales mejoras”. Sin embargo, “desafíos persistentes se relacionan con las dificultades del país en monitorear transacciones en dinero y remesas de otros países —que han sido objeto de discusión en el marco de posibles adaptaciones a la ley de Inclusión Financiera— ya que todavía necesitan de mejoras más ambiciosas”, afirmó.

El informe indicó que “el presidente (Luis) Lacalle Pou ha trabajado activamente para atraer la inversión extranjera” y que por ello “se han simplificado algunos procedimientos fiscales, lo cual, unido a la disminución de las restricciones sobre las transacciones en efectivo, puede hacer más compleja la lucha contra el lavado de dinero”. Esto ocurrió porque la ley de urgente consideración derogó algunas restricciones que imponía la ley de Inclusión Financiera al uso de efectivo y a su vez estableció la diligencia simplificada en algunos casos.

Índice

Ranking de países de América Latina en capacidad para combatir la corrupción

Como fue mencionado Chile fue segundo con 6,51 puntos (0,06 menos que en 2020). Lo siguió Costa Rica con 6,45 unidades (0,02 más que en 2020), luego viene Perú con 5,66 puntos (0,19 más que en 2020) y el quinto fue Argentina con 5,16 unidades (y una caída de 0,16 respecto a 2020).

Brasil fue el 6º en América Latina en el Índice CCC con un puntaje de 5,07 (0,45 menos que en 2020). Por debajo de los 5 puntos aparecen Colombia en el 7º lugar, Ecuador en el 8º, Panamá fue 9º, el 10º fue República Dominicana, México fue 11º y Paraguay 12º . Los últimos tres están por debajo de los 4 puntos y fueron: Guatemala (13º), Bolivia (14º) y cerró el ranking Venezuela con apenas 1,40 puntos.

Clave

¿Hay riesgos de normas laxas debido al interés por atraer dinero por la crisis que generó el COVID-19?

¿Hay riesgos de que se relajen las normativas para perseguir delitos económicos a raíz de las necesidades de dinero que tienen los países latinoamericanos por la crisis del COVID-19?

“Es poco probable que los países relajen las medidas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y las medidas fiscales para atraer inversiones. En primer lugar, porque la mayoría de los inversores buscan países que ofrezcan una mayor seguridad jurídica y un entorno empresarial transparente y ético. Y en segundo lugar, porque la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal son todas prioridades importantes, especialmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea, lo que ayudará a mantener a los inversores sujetos a sus regulaciones y bajo control”, señalaron a El País el vicepresidente de Política de Americas Society/Council of the Americas, Brian Winter y el socio de Control Risks, Geert Aalbers.

El informe recordó que “el objetivo del Índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar —mediante datos y una metodología sólida— las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse”.

El índice se basa en los últimos datos disponibles de 11 instituciones y una encuesta basada en hechos con expertos anticorrupción en cada país. “El resultado final es una metodología que es un híbrido de datos ‘duros’ y datos de encuesta, lo que garantiza la flexibilidad y precisión necesarias para realizar el análisis”, explicó el informe.

Por último, el informe aclaró que "es imposible analizar todos los elementos que afectan a la capacidad de un país para luchar contra la corrupción. Seleccionamos 14 variables que abarcan una amplia gama de temas y que consideramos que son los elementos clave que conforman el ámbito de la lucha contra la corrupción. Pero es posible que algunos aspectos se hayan dejado de lado. En los casos en que consideramos que esto suponía una limitación, destacamos este factor en el perfil del país".

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