CUMPLIR CON EXIGENCIAS INTERNACIONALES

Incluyó a Uruguay dentro de jurisdicciones con “incentivos fiscales dañinos”.

Mientras el Parlamento trata la iniciativa del gobierno de una serie de modificaciones legales al régimen de zonas francas, un reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a Uruguay entre las jurisdicciones con "incentivos fiscales dañinos" y cuyas normas no respetan la acción 5 del Plan BEPS para el combate a la evasión.

La revisión entre pares que realizó el organismo multilateral, advirtió sobre el régimen global de zonas francas —cuyos cambios legales está discutiendo la Comisión de Hacienda de Diputados (ver aparte)—, los beneficios dados al sector del software y la biotecnología —fueron modificados en la última Rendición de Cuentas—, y los centros de servicios compartidos. Ese reporte de la OCDE señala que en el caso de Uruguay esos régimenes están "en proceso de modificación".

También menciona como regímenes perjudiciales la aplicación del principio de la fuente (que grava únicamente las rentas en territorio nacional) y la Ley de Promoción de Inversiones, aunque sostiene que ambos temas están fuera del alcance del reporte.

La evaluación hecha por el Foro de Prácticas Impositivas Nocivas de la OCDE indagó en las leyes tributarias de los países que adhirieron al Marco Inclusivo BEPS (Uruguay lo suscribió en 2016) y las comparó con lo establecido en la "Acción 5" del plan BEPS. Dicha medida está enfocada en "los incentivos fiscales (regímenes tributarios preferenciales) que se aplican a los ingresos comerciales móviles, a los ingresos financieros y de servicios, y a los ingresos de la propiedad intelectual", explicó la OCDE en su web.

En un artículo, el organismo repasó que de los 164 regímenes inspeccionados en los últimos 12 meses en más de 100 jurisdicciones, se detectaron 99 que requieren cambios (en 93 de estos casos las modificaciones se han completado o están en curso como en Uruguay). Para la OCDE el foco está en cumplir con "el requisito de que los contribuyentes que se benefician de un régimen deben asumir por sí mismos la actividad comercial principal, asegurando la alineación de los impuestos con la sustancia comercial genuina".

En ese sentido, el profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT, Fabián Birnbaum, dijo a El País que "se apunta a evitar que las empresas multinacionales puedan hacer estructuras internacionales que le permitan tener una tasa de tributación global menor". Para alcanzar eso, se pretende intensificar los controles sobre "el intangible y la sustancia" de las compañías que acceden a regímenes preferenciales, para evitar que "aprovechen una exoneración si no generaron una ganancia" o si el beneficiario es "una empresa de papel".

Ya en julio al comparecer ante el Parlamento, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, había advertido que el conjunto de cambios propuesto por el gobierno al régimen de zonas francas "responden a la necesidad de avanzar en mejoras a efectos de que Uruguay no sea incluido en una lista negra y que, por lo tanto, quienes producen servicios desde zonas francas, software o biotecnología no tengan problemas a la hora de exportar".

Birnbaum dijo que con la anterior legislación para los servicios de software "podías acceder a una exoneración y no te pedían que el software fuera creado en Uruguay". En la Rendición de Cuentas se estableció que los beneficios se otorgarán aplicando una regla de proporción "en función de los gastos en que haya incurrido (la empresa) para generar" los activos, detalló el tributarista.

Añadió que es similar el cambio introducido respecto a las exoneraciones para los servicios de biotecnología. Es decir que ambos aspectos ya fueron corregidos por Uruguay, aunque entrarán a regir en 2018.

Otra observación de la OCDE apunta al régimen de zonas francas y Birnbaum manifestó que la exigencia es "que hay que tener sustancia (actividad real) para poder acceder" al esquema de incentivos. Meses atrás, el director de la Asesoría Tributaria del MEF, Fernando Serra, dijo en el Parlamento que los cambios buscan "que se otorguen beneficios siempre que el Estado pueda controlar que realmente se hace una actividad de carácter sustantivo".

Acerca de la advertencia sobre el principio de la fuente, el profesor de la ORT explicó que en Uruguay puede darse que "tengas una sociedad local y ganes dinero afuera sin pagar impuestos, lo que puede provocar que las empresas quieran migrar parte de sus activos para aprovechar eso".

La OCDE señaló que "las jurisdicciones cuyos regímenes tengan características dañinas" deberán ajustar su normativa "a más tardar en octubre de 2018". Birnbaum subrayó que la revisión "no tiene ninguna base jurídica ni implica que Uruguay deba hacer lo que le dicen", pero es una decisión alinearse con los estándares de transparencia.

El plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project en inglés, término utilizado para definir las prácticas de evasión y erosión fiscal empresarial) fue elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y aprobado en 2013. Incluye 15 acciones para luchar contra la planificación impositiva que realizan las multinacionales.

La Comisión de Hacienda de Diputados tiene bajo estudio dos proyectos de ley vinculados a las zonas francas: uno ya aprobado en el Senado con un conjunto de cambios a la normativa vigente y siete artículos que fueron desglosados de la Rendición de Cuentas. El primero de los textos lleva varios meses de debate en el Parlamento y ayer asistieron para brindar su postura las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Allí presentaron un sustitutivo para el artículo 9 del proyecto que llegó con consenso político desde la Cámara Alta porque insisten que hay riesgo de evasión al habilitar a las zonas francas del interior a tener oficinas en Montevideo. El diputado blanco, Jorge Gandini, informó a El País que la nueva redacción "le busca una vuelta, pero en los hechos impide (abrir locaciones en la capital) porque (el MEF) sostiene que eso arriesga que la OCDE tenga una visión negativa sobre todo el régimen de zonas francas". Añadió que el Partido Nacional respetará el acuerdo alcanzando en el Senado y no votará el sustitutivo, restando saber qué hará el oficialismo, donde ya hubo discrepancias entre el astorismo y el resto de los sectores acerca de este tema. Respecto a los demás artículos en análisis y tras las quejas planteadas por la Cámara de Zonas Francas (CZFU) en el Parlamento, hubo una negociación con el MEF que derivó en que se elimine el artículo 260 —la CZFU había advertido que podría afectar el e-commerce— y se presente una redacción de consenso para el artículo 257 —considerado inconstitucional según un informe del constitucionalista Martín Risso, ya que vulnera derechos adquiridos. Sobre esto último, Gandini señaló que el nuevo texto "relativiza" la medida original que permitía reducir el plazo de autorización a una zona franca cuando se constatara que no contribuía a los objetivos planteados en la ley que creó el régimen promocional. El legislador dijo que espera que ambas iniciativas sean votadas en la Comisión a principios de noviembre para luego ser tratadas en el Plenario.