TRIBUTACIÓN

Tras detectar “discrepancias”, la DGI indaga a uruguayos con cuentas en el exterior

Luego de recibir información de cuentas y rendimientos en el exterior de uruguayos por parte de 73 Estados, la Dirección General Impositiva (DGI) lo constató con las declaraciones juradas de IRPF por rentas de capital. Hubo “discrepancias” en “una decena” de casos y ya comenzaron las citaciones.

La información que recibe DGI del exterior es sobre rentas e intereses de depósitos, acciones u otros instrumentos. Foto: archivo El País.
La información que recibe DGI del exterior es sobre rentas e intereses de depósitos, acciones u otros instrumentos. Foto: archivo El País.

El año pasado fue el primero que Uruguay intercambió información sobre los depósitos en entidades financieras con 73 Estados extranjeros, en el marco de un acuerdo que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Al procesar esa información, la Dirección General Impositiva (DGI) detectó “discrepancias” entre lo declarado por “una decena de contribuyentes” y los datos llegados del extranjero.

Según informaron a El País, ya hubo un par de citaciones y está previsto realizar controles sobre esas personas, para conocer si no hubo una subdeclaración al momento del pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los rendimientos en el exterior.

Los uruguayos con cuentas en otros países o cualquier tipo de rendimiento de mobiliario (como bonos y dividendos de acciones, entre otros) deben tributar IRPF categoría I.

El impuesto grava los rendimientos e intereses a una tasa del 12% y cuando en el negocio no interviene un agente de retención (como bancos, organismos públicos o empresas que tributan IRAE), el contribuyente debe realizar una declaración jurada mostrando esas rentas y pagar el saldo correspondiente.

Esa información junto con la enviada desde los fiscos extranjeros en el marco del intercambio tributario, es la que analiza la Unidad de Investigación de Personas Físicas de la DGI, una dependencia creada años atrás que se encarga de controlar a las personas de altos ingresos.

IRPF:  DGI embolsó por este concepto $ 30.558 millones en 6 meses, esto es 4,4% más interanual. Foto: Ariel  Colmegna.
Dirección General Impositiva (DGI). Foto: archivo El País. 

Los datos de las cuentas y rendimientos del exterior que llegaron a la DGI desde septiembre del año pasado, corresponden al ejercicio 2017.

Si bien se recepcionó información de 73 fiscos, Uruguay solo transfirió datos de las cuentas en el país de ciudadanos extranjeros a 58 países, ya que 15 naciones acordaron enviar pero no recibir.

Aunque hay estándares de OCDE que deben cumplirse, al negociar el mecanismo de intercambio de información tributaria con otras naciones se fija el umbral de ingresos por encima del que se reportarán los datos bancarios.

En el caso de Uruguay, la Ley de Transparencia Fiscal de 2016 estableció que al año siguiente unas 100 entidades financieras locales (como bancos, empresas de custodia o de inversión de activos financieros) deban reportar a la DGI información sobre el saldo, promedio e intereses de las cuentas de sus clientes no residentes con un saldo superior al US$ 1 millón.

La misma norma varió el umbral para el ejercicio 2018, información que se está recepcionando y será intercambiado con los fiscos extranjeros a partir de septiembre: se reportan todas las cuentas abiertas con posterioridad al último día de 2016, y las preexistentes cuyo saldo o valor hayan superado los US$ 50.000 en 2017 o 2018.

De cumplirse el criterio de aumentar al segundo año la información abarcada por el reporte en el convenio tributario con otras naciones, es de prever que la DGI tenga este año más datos de uruguayos con rendimientos en el exterior para cruzar con la declaración de IRPF.

Tres multinacionales debieron informar negocios en Uruguay

Dentro del acuerdo que impulsa la OCDE para la cooperación entre países, hay una iniciativa centrada en evitar que las empresas multinacionales erosionen su base fiscal, ubicando parte de sus ganancias de forma artificial en territorios de baja o nula tributación. Para contrarrestar esto, se promovió el denominado “Informe país por país”, al que adhirió Uruguay dentro de un convenio más amplio llamado BEPS, que contempla el intercambio de datos sobre los precios de transferencia (ventas entre empresas vinculadas) como forma de fiscalizar los negocios de los grandes grupos alrededor del mundo.

En Uruguay, al reglamentarse el capítulo 4 de la Ley de Transparencia Fiscal, se obligó a las multinacionales que operan en el país a presentar ante la DGI la información requerida por el estándar OCDE, siempre que los ingresos a nivel global hayan superado en 2016 los 750 millones de euros, unos US$ 830,4 millones al precio promedio de aquel año.

Deben reportar el “Informe maestro” y el “Informe país por país”: el primero contiene información contable y fiscal de las empresas del grupo como los ingresos brutos, rentas netas gravadas por impuestos, impuesto a la renta generado y pagado, capital declarado, ganancias acumuladas, cantidad de empleados y activos intangibles; el segundo brinda una visión general del grupo e información sobre la estructura, titularidad del capital, ubicación geográfica de las filiales, descripción de las principales fuentes de ingresos, acuerdos de prestación de servicios y un detalle de las políticas utilizadas para determinar los precios intra-grupo, entre otras cosas.

En abril venció el plazo para presentar dicha información y será enviada a los fiscos extranjeros este mes. Según informaron desde DGI a El País, hubo tres grupos multinacionales que cumplen los requisitos y debieron compartir su actividad global, incluyendo los negocios en Uruguay.

Aparte de hacerlos llegar a los países con convenios de cooperación vigentes, el fisco uruguayo usará esos datos para tareas de control y análisis de riesgo, a los efectos de seleccionar posibles inspecciones. Lo que no se podrá hacer en base a esa información es determinar ajustes fiscales por concepto de precios de transferencia.

El profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero de la Universidad Católica, Leonardo Costa, había dicho tiempo atrás a El País que la información sobre las multinacionales servirá a la DGI para comprobar que no hubo “ventas irreales” a la interna del grupo buscando reducir la tributación en el país.

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