TRIBUTACIÓN

Luego de recibir información de cuentas y rendimientos en el exterior de uruguayos por parte de 73 Estados, la Dirección General Impositiva (DGI) lo constató con las declaraciones juradas de IRPF por rentas de capital. Hubo “discrepancias” en “una decena” de casos y ya comenzaron las citaciones.

El año pasado fue el primero que Uruguay intercambió información sobre los depósitos en entidades financierascon 73 Estados extranjeros, en el marco de un acuerdo que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Al procesar esa información, la Dirección General Impositiva (DGI) detectó “discrepancias” entre lo declarado por “una decena de contribuyentes” y los datos llegados del extranjero.

Según informaron a El País, ya hubo un par de citaciones y está previsto realizar controles sobre esas personas, para conocer si no hubo una subdeclaración al momento del pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los rendimientos en el exterior.

Los uruguayos con cuentas en otros países o cualquier tipo de rendimiento de mobiliario (como bonos y dividendos de acciones, entre otros) deben tributar IRPF categoría I.

El impuesto grava los rendimientos e intereses a una tasa del 12% y cuando en el negocio no interviene un agente de retención (como bancos, organismos públicos o empresas que tributan IRAE), el contribuyente debe realizar una declaración jurada mostrando esas rentas y pagar el saldo correspondiente.

Esa información junto con la enviada desde los fiscos extranjeros en el marco del intercambio tributario, es la que analiza la Unidad de Investigación de Personas Físicas de la DGI, una dependencia creada años atrás que se encarga de controlar a las personas de altos ingresos.

Los datos de las cuentas y rendimientos del exterior que llegaron a la DGI desde septiembre del año pasado, corresponden al ejercicio 2017.

Si bien se recepcionó información de 73 fiscos, Uruguay solo transfirió datos de las cuentas en el país de ciudadanos extranjeros a 58 países, ya que 15 naciones acordaron enviar pero no recibir.

Aunque hay estándares de OCDE que deben cumplirse, al negociar el mecanismo de intercambio de información tributaria con otras naciones se fija el umbral de ingresos por encima del que se reportarán los datos bancarios.

En el caso de Uruguay, la Ley de Transparencia Fiscal de 2016 estableció que al año siguiente unas 100 entidades financieras locales (como bancos, empresas de custodia o de inversión de activos financieros) deban reportar a la DGI información sobre el saldo, promedio e intereses de las cuentas de sus clientes no residentes con un saldo superior al US$ 1 millón.

La misma norma varió el umbral para el ejercicio 2018, información que se está recepcionando y será intercambiado con los fiscos extranjeros a partir de septiembre: se reportan todas las cuentas abiertas con posterioridad al último día de 2016, y las preexistentes cuyo saldo o valor hayan superado los US$ 50.000 en 2017 o 2018.

De cumplirse el criterio de aumentar al segundo año la información abarcada por el reporte en el convenio tributario con otras naciones, es de prever que la DGI tenga este año más datos de uruguayos con rendimientos en el exterior para cruzar con la declaración de IRPF.