SEGURIDAD SOCIAL

En un análisis de la ley de urgencia que divulgó la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), liderado por Ramón Ruíz, se cuestiona que hubo “una reducción de roles y de trascendencia de la comisión de expertos” que se pretende crear para que asesore al Poder Ejecutivo de cara a la reforma del sistema de jubilaciones.

La propuesta que elaboró el gobierno consiste en la formación de una “comisión de expertos” de 15 miembros que “funcionará en los ámbitos” del Ministerio de Trabajo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que en 90 días deberá primero elaborar un “diagnóstico preliminar” del régimen previsional y en otro plazo igual elevar al gobierno “un informe con recomendaciones”.

Ayer El País dio cuenta de lo dicho en el Parlamento por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien explicó detalles del proceso: se analizarán “todos los regímenes previsionales existentes” incluyendo las cajas paraestatales -Bancaria, Militar, Policial, Notarial y de Profesionales-; habrá expertos “que representen todo el arco de opiniones desde el punto de vista académico, social y político”, y la comisión deberá “recibir e incorporar todas las opiniones de las diferentes partes interesadas en la seguridad social”.

En el documento divulgado, la representación de los trabajadores en el BPS señaló “cambios notorios” de la propuesta respecto al borrador que en febrero difundió la coalición: “se reducen plazos” para el trabajo de la comisión -en lugar de 90 días en el borrador tenían hasta fines de 2020 para el primer informe y hasta la culminación del 2021 para las recomendaciones-, “se elimina la venia parlamentaria” para designar a los expertos; “se quita participación al Ministerio de Trabajo” que comparte ahora funciones con OPP; “se elimina la convocatoria a expertos internacionales y los resultados van a la Prosecretaría de la Presidencia”.

Luego de esta enumeración, se afirma que “la reducción de los roles y trascendencia de la comisión de expertos, es notoria y evidente”.

En el análisis, la representación liderada por Ruíz sostuvo que esta “comisión técnica” no es igual a “un diálogo social”, instancia que se convocó en 2008 y 2012 para discutir cambios en los regímenes jubilatorios. En ese sentido, se apuntó que “la legislación internacional adoptada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y ratificada por el país, impone la consulta a las organizaciones representativas, en los temas que los afecten, y claramente, la seguridad social afecta a toda la población y en particular a trabajadores y empleadores”.

También en el Parlamento hubo críticas sobre los plazos y otros aspectos por parte de la oposición. Acerca de lo primero, Mieres sostuvo que los tiempos “son cortos pero nos parece que están en línea con la urgencia” de la reforma, aunque aclaró que la normativa deja “la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue el plazo de trabajo”. A su vez, el ministro de Trabajo explicó que se sacó la exigencia de venia para los expertos de la comisión por “la necesidad de darle mayor ritmo” al proceso.