EN EL PARLAMENTO

El equipo económico de gobierno detalló en el Parlamento los costos de varias medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 e informó que se estima un gasto de US$ 420 millones por seguros de desempleo. Además, presentó cifras sobre los distintos planes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que dan transferencias a unas 866.000 personas.

Si bien la comparecencia del miércoles ante la Comisión de Hacienda de Diputados era para opinar sobre varios proyectos de ley a estudio, la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —no asistió la ministra Azucena Arbeleche— realizó un análisis de algunos impactos económicos de la pandemia.

“El 13 de marzo, se declaró la epidemia y se generó esta crisis, que es transversal, ya que repercute en todos los niveles desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Esta crisis es muy distinta a la de 2002, ya que esta última tuvo un carácter más financiero”, dijo el subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza.

Explicó que el gobierno reaccionó ante lo ocurrido y creó el “Fondo Solidario COVID-19”, que tiene aportes del “Banco República, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), empresas públicas de derecho privado —empresas paraestatales, como se les llama—, donaciones privadas, el impuesto sobre los sueldos más elevados y créditos de organismos multilaterales, algunos ya en condición de créditos contingentes y otros nuevos que se están negociando”.

También hizo mención a la situación económica previo a que asuma el gobierno de la coalición multicolor y las posibilidades que tiene el MEF para actuar hoy. “El cierre de 2019 representó una situación fiscal compleja, ya que hubo una caída del empleo, no había un nivel de actividad creciente, teníamos un déficit de 5% y baja de la inversión privada; por lo tanto, la forma que tenemos de paliar esta situación es acudiendo a los organismos multilaterales. Pero esto es limitado, porque después de que pase la pandemia va a haber que pasar raya y vendrá la negociación con las calificadoras de riesgo” por el plan de readecuación de las cuentas públicas, señaló Irastorza.

En ese sentido, dijo que habrá que evaluar “cómo salimos de esta situación en función del endeudamiento, deuda bruta deuda neta sobre el Producto y déficit”.

En el marco de esa previsión a futuro, el número dos del MEF detalló que se estima un gasto por seguro de paro de US$ 420 millones, para atender a “unas 200.000 personas”. No aclaró a qué plazo es la proyección, pero la ministra Arbeleche dijo en entrevista con El País a principios de mes que se pensaba “en el escenario de que las medidas anunciadas tienen una duración de cuatro meses”.

Los últimos datos del BPS respecto al subsidio por desempleo —difundidos el jueves por el director por los trabajadores Ramón Ruíz— que hubo en abril unas 190.000 personas cobrando el seguro común y 26.350 solicitudes de ingreso en mayo, sumado a unas 48.000 personas que han tramitado el subsidio parcial —creado durante la pandemia para contemplar reducción de horas o días de trabajo—.

En la Comisión del Parlamento, Irastorza indicó que al gasto por los subsidios “se agrega la resignación de recaudación del BPS”, que se estima entre US$ 250 millones y US$ 260 millones, producto de los beneficios y postergaciones anunciadas y que es previsible que crezca la morosidad. El jerarca declaró que “estas cifras muestran la importancia que tiene lo que está generando esta pandemia”.

También aportó números la presidenta de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez, quien informó que al viernes pasado había 3.024 créditos garantizados a empresas por US$ 75 millones a través del Sistema Nacional de Garantías (SIGA) —que otorga avales para préstamos bancarios a las pequeñas y medianas empresas—.

Sánchez analizó que “si bien esta cifra es inferior al potencial que tiene el SIGA, es extraordinariamente superior a la que venía operando antiguamente”. Por ejemplo, repasó que en enero el sistema había garantizado créditos por US$ 2 millones. Luego de instalada la pandemia, el gobierno amplió el fondo del SIGA de US$ 50 millones a US$ 500 millones, aumentó el monto máximo de garantía y bajó la comisión.

“Creemos que es una medida que está respondiendo bien a las necesidades de las empresas que acuden al sistema bancario y a las instituciones de microfinanzas para buscar liquidez y financiarse con el fin de mantenerse operativas y de mantener encendidos los motores de la economía”, expresó la jerarca.

Sánchez también contó sobre el Programa de Crédito Dirigido de la ANDE, que trabaja con las instituciones de microfinanzas y por el cual se subsidian las tasas de interés para que lleguen préstamos mucho más convenientes, más baratos a los microempresarios”. Este programa empezó en abril y otorgó 1.650 créditos por US$ 7,2 millones. “También es una señal muy buena de que la liquidez está llegando a las empresas”, manifestó y señaló que con esto último “se llega a Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) que generalmente no acceden al sistema bancario tradicional”.

Asimismo, la presidenta de la ANDE detalló otras medidas que tomó el gobierno tras ver que “había muchos trabajadores cuentapropistas, que son considerados empresas y aportan como empresas, pero que la realidad hace que se vean más como trabajadores que como empresarios —el feriante, el que tiene un puesto en la vía pública, el paseador de perros, el que tiene un pequeño negocio—”.

Se definió por un lado un subsidio por dos meses de $ 6.779 a los monotributistas Mides —que abarca a pequeños emprendimientos de personas que integran hogares bajo la línea de pobreza—, beneficio al que accedieron hasta el martes 82% de los habilitados (8.569 personas de un total de 10.430) y desde el próximo mes se sumarán unos 1.600 trabajadores que tenían el derecho y no habían sido contemplados —van a cobrar los dos meses juntos—.

Por otro se otorgó al resto de los monotributistas —”todas las unipersonales que tributan Literal E, IVA Servicios Personales o Régimen General, con un tope de 1.000.000 Unidades Indexadas, siempre y cuando sean sin dependientes; también a las sociedades de hecho y SRL con hasta dos socios, sin dependientes”, repasó Sánchez— un préstamo blando de $ 12.000 disponible por dos meses, sin interés y a pagar en 24 cuotas en UI desde el 31 de julio. “No fuimos del todo exitosos con la implementación del instrumento, porque teníamos un universo de 70.400 empresas que estaban habilitadas y accedieron 10.700, solo el 15%”, reconoció la jerarca.

Al respecto, dijo que una posibilidad es que la fecha de vencimiento de la primera cuota “puede ser una limitante”, y el gobierno está “evaluando si podemos modificar las fechas de los vencimientos de las cuotas y ampliar el universo” de beneficiarios. También Sánchez dijo que puede haber empresas de este grupo que se estén financiando a través de instituciones de microfinanzas.

La presidenta de la ANDE comunicó además que tras reunirse con “un grupo de transportistas escolares”, que sufren por el cierre de las escuelas, se conformó “una línea de crédito especial para ellos dentro del Programa de Crédito Dirigido, con un período de gracia mayor para que comiencen a pagar en marzo o abril de 2021 cuando —así lo estimamos— retomen la actividad en forma normal.

También compareció ante la Comisión de Hacienda de Diputados como parte del equipo económico Fernando Blanco, coordinador del Área de Finanzas Públicas del MEF, quien informó “lo que se ha hecho desde el punto de vista de la alimentación en abril y mayo”.

El refuerzo de la tarjeta Uruguay Social —transferencia monetaria que se otorga a los hogares en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica— y de la tarjeta del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) significó $ 285 millones (unos US$ 6,6 millones al cambio de hoy). En ambos casos se duplicó el monto que se brinda a las familias, lo que abarcó 87.124 tarjetas que cubren 407.325 personas —unas 206.00 menores de edad—, señaló Blanco.

Mientras que el refuerzo de las asignaciones familiares del Plan de Equidad para hogares no abarcados por las tarjetas totalizó $ 300 millones (unos US$ 6,9 millones). En este caso, el funcionario del MEF informó que hay 120.340 titulares de cobro que abarcan a 441.347 personas —236.852 menores de edad—.

Aparte de esto, a las personas que no accedían a estas ayudas y no tenían actividad registradas en el BPS se les brindó “un cupón” para la compra de alimentos, que significó $ 463 millones (unos US$ 10,7 millones) para 215.690 personas.

“El total de personas directamente alcanzadas por estas transferencias fue 866.093”, indicó Blanco.

“Quiero decir que tenemos un absoluto compromiso con estos programas. La salud, la comida y la casa son cuestiones prioritarias para el gobierno en este caso de pandemia intensificado y, obviamente, en lo que va a seguir en adelante”, concluyó el coordinador del Área de Finanzas Públicas del MEF.