COMISIÓN DE EXPERTOS

Buena parte del trabajo de la comisión de expertos en el mercado de combustibles se lo llevó la evaluación y recomendaciones sobre el gasoil y las naftas (como publicó El País ayer), pero los seis integrantes del comité también analizaron y realizaron recomendaciones para el mercado de gas licuado de petróleo (GLP, es decir el supergas).

El informe de la comisión señaló que el mercado de supergas en Uruguay tiene tres modalidades de comercialización: “la más importante es en garrafas de 11 y 13 kilos, un segmento más chico de ventas a granel principalmente a la industria y al comercio” y “un mercado de microgarrafas de 3 kilos”. El primero “osciló en los últimos años en torno a las 100.000 toneladas al año”, el segundo “alcanza las 25.000 toneladas al año” y el tercero llega a “las 6.500 toneladas al año”.

“Se visualizan pocas posibilidades de crecimiento en las ventas a futuro. De hecho, sería esperable una disminución de las mismas en la medida de que se revise la política de subsidios vigente” de la ley de urgente consideración “que establece que el precio de los combustibles guardará relación con el precio de paridad de importación”, afirmó.

Sobre la cadena de abastecimiento, la comisión señaló que hay “un proveedor monopólico, Ancap, que produce, almacena e importa cuando es necesario” y una “cadena de envasado y distribución de libre competencia pero regulada por tratarse de actividades de interés público”, recordó el informe. Hay cuatro sellos que distribuyen: Ducsa (Ancap), Riogas, Acodike y Megal. El envasado se realiza en tres plantas: dos de Ancap (que las arrienda una a Acodike y otra a Riogas) y otra de Megal.

El precio del supergas está subsidiado. ¿Qué implica esto? “Los precios a los que se vende (valor en la puerta de la refinería) el GLP son sensiblemente inferiores a los costos de producción o importación, siendo la diferencia entre unos y otros lo que denominamos subsidio”, subrayaron los expertos.

“Si se calcula el subsidio como la diferencia entre el precio de paridad de importación más el margen de envasado y de distribución respecto al precio sin IVA al público, es del 72%”, indicó el informe. Es decir, el supergas vale 72% menos de lo que debería.

¿Quién paga este subsidio? “El monto del subsidio se ha financiado a través de sobre precios en los restantes productos que ofrece Ancap a modo de subsidios cruzados”, expresó el informe. A 2019 el subsidio se estimaba en torno a $ 0,50 por litro si se distribuía equitativamente entre nafta y gasoil, explicó. Esto es, la nafta y el gasoil valían cada una $ 0,50 más por litro de lo que deberían por ese subsidio.

“Considerando las cantidades consumidas en 2019, con la nueva metodología de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea, para el precio de paridad de importación), el subsidió treparía a $ 1,32” por cada litro de nafta y gasoil, añadió.

A octubre de 2020 “el subsidio acumulado en el supergas asciende a US$ 54 millones”, lo que extrapolado a todo el año da US$ 65 millones, señaló el texto.

A esto se suma un subsidio focalizado en la recarga de garrafa de 13 kilos para hogares donde se reciba alguno de los programas sociales Tarjeta Uruguay Social, asignaciones familiares, asistencia a la vejez. Estos reciben un descuento de 15% sobre el precio, con un máximo de 12 recargas al año. Aunque “potencialmente el beneficio alcanza a 202.000 hogares, apenas 5.000 en 2019 y 6.000 en lo que va del año hicieron uso del mismo”, indicó el informe.

¿Qué recomendó la comisión? “Se propone que el precio del GLP” en puerta de planta de distribución converja al de paridad de importación en un plazo de tres años”, dijo. Esto es similar a la propuesta de convergencia al precio de paridad de importación de naftas y gasoil. Pero, mientras estos últimos deberían bajar, el supergas debería subir.

Por ello, los expertos recomendaron además que el grupo interinstitucional que conformaron los ministerios de Industria, Energía y Minería, Economía y Finanzas y Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco de Previsión Social, “analice la posibilidad de instrumentar un único subsidio explícito orientado a la población que se entienda como objetivo”.

La comisión también entiende que el modelo de distribución es “intrincado e ineficiente”. Allí las recomendaciones son: que Ancap denuncie los contratos con Acodike, Riogas y Ducsa que vencen en 2023, vender o llamar a licitación para arrendar las plantas de envasado de Ancap, revisión de los precios en la cadena para que “reflejen una estructura de costos y funcionamiento de eficiencia”, chipeado del parque de garrafas y eliminación de colores de envases y clearing.

Sobre las microgarrafas, la comisión constató “problemas de varias índoles. Particularmente en lo referido a aspectos de seguridad, un parque de garrafas deteriorado y un precio no regulado que se ubica hasta un 70% por encima del regulado” cuando los consumidores son población “socio-económico vulnerable”.

En este caso, los expertos recomendaron: análisis más profundo, contemplando alternativas tecnológicas, sustitución del parque de garrafas por otro tipo, con unidades de trazabilidad y “dispositivos de pago por uso que permitan a los usuarios comprar producto fraccionado a través del celular a un precio regulado y en condiciones de seguridad” y que el Poder Ejecutivo fije un precio máximo.