EVALUACIÓN DE GAFILAT

Uruguay aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activosy financiamiento del terrorismo realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El informe de 264 páginas divulgado el miércoles, deja varios temas pendientes.

El Gafilat durante la visita que hizo a Uruguay entre el 5 y el 17 de mayo pasados y en el informe examinó “con mayor detalle” los temas que “constituyen los aspectos de mayor riesgo” en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Según el reporte, Uruguay “tiene un riesgo inherentemente alto” -y constituye la “mayor amenaza”- para “la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior”, en particular “los originados en Argentina y Brasil y, en menor medida, del Paraguay”. El mayor riesgo es que esos activos se canalicen en el “sector bancario e inmobiliario (tanto urbano como rural)”.

En ese sentido, añadió que “la aplicación de las medidas preventivas se encuentra en diferentes etapas de implementación, existiendo aún falencias importantes en la identificación de riesgos” en particular en los sectores “inmobiliario, proveedores de servicios societarios y fideicomisos y zonas francas”.

El Gafilat identificó que las “actividades y profesiones no financieras designadas” para controlar el lavado (como casinos, escribanos, inmobiliarias, contadores, abogados, zonas francas, rematadores, entre otros) “son particularmente vulnerables en materia preventiva, y pueden ser utilizados como canales idóneos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

De hecho, el organismo detectó que existen “actividades y profesiones no financieras designadas” que “presentan un bajo nivel de reporte (contadores, abogados, zonas francas, constructoras, vendedores de metales preciosos) y otros que, por su relevancia en cuanto al riesgo, requieren una necesidad de mejora (escribanos, inmobiliarias, rematadores y proveedores de servicios societarios)”.

Algunos de estos sectores han sido reacios a controlar y cooperar con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Incluso hubo un reciente diferendo entre contadores y la Senaclaft por información que esta les solicitó.

El Gafilat identificó que “algunos representantes, tales como los abogados, contadores, inmobiliarias y constructoras, zonas francas y antigüedades y obras de arte, requieren aún una mayor comprensión de sus riesgos y mejora en la efectividad de sus sistemas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que redunde en una mayor identificación y reporte de operaciones sospechosas”.

Incluso, el reporte menciona que “las principales debilidades detectadas” en esos rubros “refieren a la carencia en muchos casos de información o documentación de respaldo del origen de los fondos o de la identidad del beneficiario final”.

Otro aspecto vinculado a las “actividades y profesiones no financieras designadas” es que “excepto casinos, escribanos y abogados, no existe una evaluación sobre la idoneidad de los accionistas o socios, por ende no se cuenta con mecanismos para impedir que los delincuentes y sus asociados tengan una participación significativa u ocupen un cargo gerencial en estas”, expresó.

El organismo identificó otro riesgo, “considerando la alta exposición a capitales ilícitos internacionales”, en el “uso de estructuras jurídicas y la existencia de numerosas sociedades con acciones al portador”. En ese sentido, valoró que “en los últimos años, Uruguay aprobó diversas leyes y reglamentos en el sentido de fortalecer la transparencia de las personas y estructuras jurídicas, a fin de evitar que sean utilizadas con fines ilícitos, entre las cuales se destaca la ley 19.484” que entre otros aspectos creó “el registro de beneficiario final en el Banco Central”.

No obstante los “esfuerzos” del país para que las personas y estructuras jurídicas comuniquen esa información, “existen entidades que no han atendido la referida obligación”.