Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Fitch Rating realizó un comentario de la situación de Uruguay luego del balotaje de noviembre. La calificadora de riesgo dijo que, aunque Luis Lacalle Pou, presidente electo, se comprometió a “abordar los obstáculos clave para la competitividad, incluida la reducción de las tarifas de servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles”, la “composición ideológica diversa” de la coalición multicolor “podría obstaculizar reformas ambiciosas”.

Además, según entiende la calificadora, un ejemplo de los posibles obstáculos es que “en un documento que describe sus objetivos compartidos, la coalición abandonó los planes para liberalizar las importaciones de combustible”, tras una negociación entre el Partido Nacional y sus socios de la coalición.

La calificadora de riesgo tiene a Uruguay en el nivel más bajo dentro de la categoría “BBB”. Además, la nota de la deuda uruguaya está con perspectiva "negativa".

En cuanto al compromiso del nuevo gobierno de “contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos” dijo que “podría ser difícil”. Fitch Rating agregó que los recortes de gastos por de US$ 900 millones (1,6% del PIB) propuestos por el Partido Nacional enfrentaron “cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación”.

A su vez, Fitch Rating dijo que “el nuevo gobierno de Uruguay enfrenta el desafío de reducir un gran déficit fiscal ante el bajo crecimiento”. En la misma línea, expresó que “estabilizar la carga de la deuda pondrá a prueba la capacidad de la administración para tomar medidas políticas decisivas y creíbles”.

Asimismo, comentó que, a pesar de que “la estabilidad institucional de Uruguay” ayudó a “evitar cambios drásticos en políticas en el pasado”, esto no garantiza “una acción decisiva sobre los desafíos económicos, como lo demuestra cierta inercia de reforma y erosión en la credibilidad de las políticas en los últimos años”.

Por último, comentó que “partes de la agenda de crecimiento del gobierno (por ejemplo, recortes de tarifas de servicios públicos) podrían entrar en conflicto, hasta cierto punto, con la consolidación fiscal. Los objetivos fiscales de cinco años de la administración, que se publicarán en el ejercicio presupuestario del próximo año, indicarán cómo espera equilibrar estas compensaciones”.