MONOPOLIO

Gonzalo Lorenzo es abogado catedrático en derecho internacional privado y actualmente defiende a la operadora Montecon. En entrevista con El País se refirió al conflicto en el puerto y las acciones legales que pretende impulsar contra el Estado a raíz del decreto del Poder Ejecutivo a través del cual se da prioridad la terminal especializada de Katoen Natie. Afirma que implica un monopolio y que es inconstitucional.

-Katoen Natie afirma que la normativa establece que en el puerto de Montevideo el manejo de la infraestructura no está en competencia. ¿Qué opinión le merece?

-Eso no es así de ninguna manera. En el artículo 20 de la Ley de Concesión -que creó la Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad 80% de Katoen y 20% del Estado) en el año 2000- se establece como condición que “se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten”, y dice enseguida: “no se comprometerán restricciones para operar en otros sectores del puerto”. No solo eso, el decreto que reglamenta esa ley en 2001 (y que ahora se deroga con el acuerdo entre Katoen Natie y el gobierno) aprueba el régimen de gestión de la terminal.

-¿Qué implica ese régimen?

-Ese decreto reglamentario dice textualmente: “la terminal prestará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del puerto”. Cuando habla de la terminal se refiere a TCP que se estaba constituyendo por ese decreto. Esta es una ley redactada por (Alejandro) Atchugarry y si uno va a las actas del Senado de ese entonces él dice: “este llamado es diferente a los anteriores porque justamente lo que garantizamos es la libertad de competencia, que cualquier operador pueda competir”.

-Sin embargo, Katoen Natie se basa en un decreto de 1994 para afirmar que habiendo una terminal especializada, los barcos no son libres de ir a otra terminal. ¿Cómo es eso?

-El decreto no dice eso. Eso estaba previsto cuando no había ninguna terminal especializada, cuando todos los muelles eran públicos. Fue un decreto establecido para organizar la distribución interna dentro de los muelles públicos y no dice que la carga tiene que ir a una terminal especializada, dice que debe ir a las instalaciones especializadas. No existía TCP. Además la ley del 2000 y el decreto reglamentario de 2001 son posteriores a ese decreto entonces prima la ley. El decreto no dice eso pero si lo dijera fue derogado por las normas posteriores.

-¿Quiere decir que el decreto del Poder Ejecutivo que da prioridad para operar a TCP va contra la ley?

-Sí. Implica que se constituye un monopolio por decreto. Es inconstitucional por donde se lo mire. ¿Por qué un monopolio sería más eficiente que un régimen de competencia interna?

-Katoen Natie defiende que tiene un contrato de concesión mientras que Montecon tiene un permiso. Jurídicamente ¿cuál es la diferencia?

-Son regímenes diferentes pero ninguno está por encima del otro. Montecon ha operado siempre bajo la ley. La concesión da por equis tiempo la explotación exclusiva del lugar. El permiso deja usar el lugar pero es mucho más precario porque la Administración Nacional de Puertos puede revocarlo cuando quiera. No hay ningún argumento jurídico para que ellos entiendan que el contrato de concesión está por encima del permiso.

-Teniendo en cuenta que el gobierno y Katoen Natie ya llegaron a un acuerdo, ¿qué margen tienen para reclamar?

-Montecon está siempre abierto al diálogo pero hay poco margen y va a haber que reclamar derechos en el ámbito interno e internacional. Y lo va a hacer.

-¿Ya avanzaron en eso?

-Sí. Vamos a seguir buscando soluciones en paralelo pero dependen de que el gobierno entienda que con el camino cerrado esto no tiene mucho futuro.

-¿Es decir que por querer evitar un juicio con Katoen Natie el gobierno se puede enfrentar a uno con Montecon?

-Sí. No en uno, en dos, porque los accionistas de Montecon son chilenos y canadienses, se violan tratados de protección de inversiones con los dos países. Montecon no quiere ningún privilegio, solo quiere competir en condiciones legales frente a cualquiera. Si este decreto es para competir en la región, me pregunto: ¿Qué ha impedido durante 20 años que TCP lo haga? ¿Qué impide que pueda captar más carga afuera hoy? Nada.

Katoen devuelve ataque a Montecon

La empresa belga Katoen Natie, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo), publicó ayer un comunicado respecto al conflicto desatado con su principal rival, Montecon, tras el acuerdo alcanzado entre Katoen Natie y el Estado uruguayo, que ente otras cosas extendió su concesión por 50 años más (vencía en 2031).

En el texto defendió que “días atrás se dio a conocer por parte del Poder Ejecutivo todos los documentos que forman parte del acuerdo” y aseguró que “no existen en ningún caso, documentos o cláusulas reservadas y se ha transparentado todo el proceso”.

Además, puso el foco en que con el actual acuerdo “el Estado uruguayo restableció la legalidad de la cual se había apartado por más de 12 años, (apartamientos documentados y probados), cumplió con sus obligaciones contraídas en el Tratado, en el contrato de concesión de TCP y ha obtenido importantes logros en beneficio del país”.

“Se han escuchado voces contrarias al acuerdo, y se ha emprendido una fuerte campaña mediática y de entrevistas, realizando afirmaciones enteramente erróneas, tergiversadas y agraviantes para con nuestra empresa como también para las autoridades de gobierno”, agregó la firma en el comunicado, haciendo alusión a Montecon (la empresa que opera en las áreas públicas del puerto y que son el principal competidor de la empresa belga), a representantes de la oposición y a los trabajadores del sindicato portuario que días atrás se declararon en conflicto por entender que el acuerdo perjudica a los trabajadores.

En ese sentido, el comunicado de Katoen Natie agregó que la postura contraria al acuerdo “puede ser considerada como contraria al interés de la sociedad concesionaria que el propio Estado integra, en favor de un operador puramente privado (ausente de intereses nacionales) que no ha aportado al puerto de Montevideo compromiso alguno”.

Además agregó que “este operador ha incurrido en graves conductas aun no sancionadas que deben ser investigadas a través de la cuales se ha aprovechado de un sistema ilegal, violatorio del régimen portuario general y cuya conducta actual no pueden ser interpretada de otra forma como la voluntad de persistir en tal régimen contrario a la ley de puertos, los decretos que la reglamentaron y a los compromisos asumidos por el país”, acotó Katoen Natie.

En el comunicado se destaca también que el acuerdo “no solamente puso fin al reclamo” de Katoen Natie (al Estado uruguayo por US$ 1.500 millones por entender que se favorecía y toleraba la existencia de una terminal por fuera del régimen legal, gestionada por Montecon), sino que además “incluyó importantes nuevas obligaciones de inversión” de la empresa por US$ 450 millones, que “ya invirtió en forma muy superior a la que estaba obligada contractualmente.

Desde Montecon afirman que también han invertido en el país unos US$ 200 millones, tanto a través del pago de impuestos a la Administración Nacional de Puertos (ANP), como en tecnología y maquinaria y señalan que quieren seguir haciéndolo.