Economía digital

Las reglas del Banco Central para los “Uber financieros” que prestan dinero

Se conoció la reglamentación definitiva para las plataformas de préstamos entre pares, fijando varios requisitos y poniendo límites para el endeudamiento e inversión. Las empresas que operan evalúan de forma crítica la normativa y evalúan si continuarán en el negocio.

Foto: Shutterstcok
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Tras un proceso que duró casi un año, el Banco Central (BCU) oficializó la normativa que regulará la actuación de las empresas de préstamos entre pares, es decir las plataformas —llamadas peer to peer lending o "Uber financieros" en forma coloquial— que aplican tecnología para conectar a ahorristas con personas que necesitan dinero.

El proyecto de regulación puesto a consulta en agosto, había tenido críticas por parte de la Cámara de Fintech y según dio cuenta El País, provocó que las cuatro plataformas de este tipo que operaban en Uruguay frenaran su operativa, algunas de forma permanente y otras decidieron no tomar nuevos préstamos hasta que se conociera la normativa definitiva.

A grandes rasgos el texto divulgado por el BCU coincide con el que se puso a consulta. El cambió más relevante pasa por permitir que los no residentes sean oferentes de préstamos, algo impedido antes y que provocó quejas de las fintech ya que las personas jurídicas (empresas) son "grandes interesadas y potenciales inversores".

Los "Uber financieros" serán regulados bajo la figura de "Empresas administradoras de sistemas de préstamos entre personas", entendiendo que hacen una tarea de mediación financiera, es decir conectan a las partes sin asumir obligación o riesgo alguno por el préstamo.

Las plataformas ya instaladas tienen hasta cuatro meses para registrarse ante el BCU y mientras podrán continuar operando. Deberán informar la razón social, el número de inscripción ante la Dirección General Impositiva (DGI), un estatuto o contrato social, datos de los representantes legales, un modelo del contrato a suscribir entre las partes, la nómina de socios o accionistas y un manual de prevención de lavado de activos, entre otras cosas.

Sobre los demandantes de préstamos, el regulador sostiene que deberán ser únicamente residentes. Para los oferentes no importa su lugar de residencia, aunque podrán participar del negocio solo "personas físicas que inviertan sus propios recursos", "personas jurídicas que no realicen actividades financieras en forma habitual y profesional", los bancos y cooperativas de intermediación financiera, casas financieras, empresas administradoras de crédito, fondos de inversión locales, y los del exterior "sujetos a una autoridad regulatoria".

A quienes presten su dinero, las plataformas podrán ofrecer los servicios de calificación crediticia de los demandantes, sugerir tasas de interés en función de ello y realizar tareas vinculadas a la gestión de cobro de los créditos vencidos.

A su vez, no podrán operar los pagos y cobros correspondientes a la operativa, adquirir créditos vencidos, usar algoritmos que efectúen la concertación de préstamos de forma automática, constituir fondos de garantía financiados mediante aportes de los participantes ni asegurar la recuperación o retorno del dinero prestado.

El BCU exige a las plataformas de préstamos "constituir y mantener un depósito a la vista" por un monto no inferior a 50.000 Unidades Indexadas (UI) —unos $ 200.000— a modo de garantía por la operativa.

También deberán reportar operaciones sospechosas de lavado y no podrán corroborar intereses por crédito que superen la tasa de usura.

Además, la normativa fija límites de endeudamiento e inversión: una persona física no podrá tomar préstamos por más de 100.000 UI —más de $ 400.000— y las jurídicas por más de 1 millón de UI —más de $ 4 millones—; nadie podrá prestar más de 100.000 UI en total, ni más de 25.000 UI —$ 100.000— a un solo prestatario, mientras que los créditos con garantía hipotecaria no podrán superar el 70% del valor del inmueble.

Reacciones.

Fueron cuatro las plataformas de préstamos entre pares que operaron en Uruguay, pero solo dos mantenían la operativa aunque de forma reducida. Una era Inversionate y su fundador Dani Viana informó a El País que tras gestionar más de 1.000 préstamos por unos $ 14 millones, comunicaron al BCU el "cese de actividades", quedando con "una operativa básica de cobro de los créditos y gestión de moras".

Viana expresó que la nueva regulación tiene "cambios favorables" pero se mantienen algunas "cosas críticas". La plataforma decidirá si vuelve a operar tras analizar "si la regulación nos permite generar un modelo de negocios sustentable".

TuTasa era otra de las plataformas que conectaba ahorristas con demandantes de dinero, pero debió liquidar el fideicomiso que administraba con el dinero recibido de inversores por decisión del BCU, que entendió realizaba intermediación financiera y no mediación. Hoy presta dinero online con capital propio y gestiona préstamos entre pares en Argentina y su CEO, Marcelo Barreneche, manifestó a El País que la regulación del BCU "busca restringir más que fomentar".

"Se intentó regular el concepto de mediación del siglo pasado, en vez de tratar a los préstamos entre personas como un nuevo modelo de negocio, que va más allá de una mediación web. Como consecuencia, quedaron varios puntos contradictorios o abiertos a interpretación, haciendo muy difícil la viabilidad del negocio", indicó Barreneche.

La Cámara de Fintech había solicitado al BCU que las plataformas puedan manejar fondos, gestionar y recuperar créditos morosos, y que los límites de inversión y endeudamiento sean más amplios.

Los controles antilavado

La reglamentación señala que las plataformas deben informar al BCU sobre "las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o planteen una complejidad inusitada; así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud". Se detallan los procedimientos de "debida diligencia simplificada" que deben aplicarse a préstamos por montos inferiores a US$ 15.000 —recabando datos básicos del cliente—; la "diligencia intensificada" se aplica a negocios por más dinero, que involucran a personas políticamente expuestas, o a clientes de países no cooperantes en materia de lavado de activos, entre otros.

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