SALUD PÚBLICA

Salinas ve el etiquetado de alimentos como la política antitabaco y quiere que Uruguay lidere al Mercosur

En un evento sobre el tema, distintos técnicos respaldaron la norma uruguaya. “La salud está por encima de los intereses comerciales”, dijo el ministro.

Daniel Salinas  está preocupado por la situación sanitaria en Rivera. Foto: Francisco Flores.
Daniel Salinas citó “el antecedente de (la política estatal sobre) el tabaco" para defender el etiquetado de "los intereses comerciales". Foto: Francisco Flores.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer que Uruguay “va a tomar el liderazgo en el Mercosur” para buscar “una armonización” de la normativa de etiquetado frontal de alimentos, “aunque lleve tiempo o años”. Sostuvo que esto se encarará tomando “el antecedente de lo que fue (la política estatal sobre) el tabaco, sabiendo que la salud y el bienestar de los uruguayos está por encima de los intereses comerciales”.

El etiquetado frontal con octógonos que advierten sobre los productos con exceso de azúcar, grasas y sodio fue establecido por el gobierno anterior en 2018, aunque se dio un período de adaptación hasta marzo pasado para que sea obligatorio. Tras asumir, el gobierno actual prórroga la obligación por cuatro meses y hace pocos días anunció que habrá cambios en el decreto —la etiqueta dirá “alto en” en lugar de “exceso”— y que la disposición será obligatoria desde 2021.

“Este ministerio está en situación de favorecer las políticas de salud y que no se propaguen las enfermedades no transmisibles, siendo una pata de esa política el rotulado frontal de alimentos”, expresó Salinas al abrir un seminario virtual sobre el tema organizado por Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Representantes de estas tres entidades destacaron luego el paso en favor del etiquetado que dio Uruguay. “Los estudios demuestran que esta medida genera cambios en los consumidores y las empresas en poco tiempo”, dijo Rubén Flores, delegado regional de la FAO, y agregó que “es más eficaz” como política estatal “si va unido a otras como el control de la publicidad y la orientación de los programas de alimentación escolar”. Además, puso el foco en que Uruguay vive “una pandemia de sobrepeso y obesidad”, lo que debe “prender una alerta”.

Siguiendo esa línea, Fabio Gomes de OPS señaló que Uruguay “es el país con mayor aumento en la región” en el consumo de productos ultraprocesados, lo que es “un combustible para la epidemia de enfermedades” no transmisibles. Aclaró que esto último no es responsabilidad “de los productos por sí solos, sino de un conjunto de prácticas de mercado y comerciales que se enfoca en extender su consumo”.

También apuntó que hay “corporaciones” que buscan incidir para que “las políticas de un gobierno sean favorables a sus intereses”, una “táctica” que asimiló “a la de las tabacaleras y la industria del alcohol”. “Las empresas quieren mantener la desregulación, porque en un mercado desregulado pueden mantener sus productos”, dijo Gomes.

La Cámara Industrial de Alimentos era parte del programa del evento pero los organizadores informaron que ayer a la mañana decidieron no participar.

Etiquetado de alimentos en Uruguay. Foto: Marcelo Bonjour
Etiquetado de alimentos en Uruguay. Foto: Marcelo Bonjour

Por su parte, el coordinador del Núcleo Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, Gastón Ares, expresó que previo al decreto de 2018 en Uruguay “se generó un montón de evidencia basada en un modelo lógico”, buscando “que el etiquetado tenga impacto a largo plazo en la salud”. Para lograr eso, dijo que resulta “importante que los consumidores visualicen los octógonos, entiendan lo que transmiten y usen la información para la toma de decisiones”. Todo esto teniendo en cuenta que “una persona está unos seis segundos mirando un paquete antes de ponerlo en el carro”.

Ares citó trabajos hechos en los primeros días de marzo —por unas semanas el etiquetado fue obligatorio, aunque no se fiscalizó— que demostraron que “el 77% de las personas ya habían visto el rotulado en algún producto que iban a comprar” y un 58% cambió “su decisión de compra”, sustituyendo el alimento elegido por otro “sin octógono o con menos” advertencias.

A su vez, el académico criticó el cambio de palabras en la etiqueta anunciado por el gobierno: “el producto que dice ‘alto en’ las personas lo ven como menos perjudicial que el que dice ‘exceso’. Lo importante no es la palabra, sino no introducir cambios que no estén justificados por evidencia”.

En ese sentido, dijo que Uruguay acumuló variada “evidencia” que utilizó para defender la normativa ante distintos organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el cierre del evento, la abogada Gianella Severini —consultora legal del Programa de Prevención de la Obesidad de la Incubadora Global de Defensa de la Salud— defendió que Uruguay “puede avanzar con su normativa de etiquetado sin que esto afecte una armonización” a nivel del Mercosur.

Recordó que en 2018 se firmó un acuerdo ministerial en pos de una “coherencia regulatoria” entre los países, pero se aclaró que “no afectaba el derecho de los Estados a tomar medidas regulatorias” en pos de la salud de sus ciudadanos.

Severini cuestionó a las industrias por tener “una estrategia de dilatación” del etiquetado de alimentos, trabajando en este sentido tanto a nivel del Mercosur como de la OMC y el Codex —organismo internacional en materia de normas de alimentación—. “Ya vimos esta estrategia por ejemplo en el empaquetado (con advertencias) del tabaco”, sostuvo y llamó a Uruguay a no modificar el decreto original. “Lo único que hará es dilatar su implementación y es lo que queremos evitar”, concluyó.

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