INFORME

El inmobiliario es uno de los sectores de “mayor riesgo” de lavado de activos, pero los reportes de operaciones sospechosas son bajos, de escasa calidad y no se condicen con la actividad del mismo, evalúa el gobierno, que está “preocupado” por esta situación.

Una dificultad de Uruguay ha sido el bajo número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de los sujetos obligados a hacerlo del sector no financiero (casinos, inmobiliarias, escribanos, abogados, rematadores, zonas francas, etc.).

En la comisión especial de Lavado de Activos de Diputados el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), Néstor López repasó cifras y desgranó conceptos.

En el sector no financiero, “entre 2014 y 2018, de 15 ROS se pasó a presentar 263. Es decir, de representar un 5,5% se pasó a casi un 34% en los reportes totales”, recordó López.

“Entre esos sujetos obligados que incrementaron en forma importante la presentación de reportes estaban los casinos, los escribanos, las inmobiliarias y los prestadores de servicios societarios. En 2019 se da un quiebre en esa tendencia y comienza un proceso de retroceso en esa evolución. Para no llenarlos de números, podemos mencionar lo siguiente. La cantidad de ROS del sector no financiero pasó de 263 en 2018 a 149 en 2019 y a 68 en 2020; quiere decir que se redujo casi a la cuarta parte”, explicó.

En la memoria de actividades de la UIAF de 2019 se explicó que esa reducción de los reportes se dio básicamente en tres sectores. “En el caso de los casinos, se pudo explicar esa variación en función de una instancia de retroalimentación que se tuvo con ese grupo de agentes. Obviamente, analizamos la calidad de los ROS y tuvimos una instancia en la que les mencionamos que cierto tipo de reportes presentados no aportaban valor a la investigación; por lo tanto, dejaron de presentarlos. Esa parte fue explicada”, recordó López.

“El caso de los rematadores fue una situación bastante particular sobre la que tampoco se tenía expectativa de que se repitiera. En el caso del sector inmobiliario -como veníamos diciendo en memorias anteriores-, nos resultaba llamativo el bajo número de reportes y, de alguna manera, que gran parte de esos reportes obedecieran básicamente a reportes de prensa negativos”, añadió. Los reportes de prensa negativos refieren a cuando una de las partes involucradas en la operación (en este caso inmobiliaria) aparece en noticias vinculadas a procesos judiciales o aspectos similares.

“Si vemos el año 2020, advertimos que vuelve a caer la cantidad de reportes (del sector no financiero). Obviamente, una de las causas que podemos analizar como una explicación es el tema de la pandemia. Por ejemplo, podemos ver que el tema de los casinos es un caso bastante claro. Obviamente, al estar cerrados durante buena parte del año, bajó sensiblemente su actividad y eso impactó en el número de reportes”, señaló López.

El caso del sector inmobiliario es diferente. López hizo referencia a que las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) “plantean la necesidad de hacer una evaluación nacional de riesgo y, en función de ello, identificar cuáles son los sectores de mayor riesgo. En ese sentido, se identificó al sector inmobiliario como de alto riesgo”.

“Si vemos los resultados de 2020, observamos que la actividad inmobiliaria no se redujo significativamente en base a los datos que pudimos ver de la Dirección General de Registros y del Instituto Nacional de Estadística” por lo que “habría que buscar algunas otras causas” a la baja cantidad de ROS, aclaró López.

“A pesar de que la actividad inmobiliaria se mantuvo por lo menos en la cantidad de operaciones y en los montos, el sector presentó en 2020 14 reportes, de los cuales, apenas tres corresponden a inusualidades detectadas y 11 por reportes de prensa negativos. No queremos decir con esto que los reportes por prensa negativa no sean valiosos pero, por lo general, responden a investigaciones que ya están iniciadas a nivel judicial, ya sea en el Uruguay o en otros países. Los que sin duda aportan más valor son los reportes que efectivamente detectan inusualidades que permiten iniciar investigaciones”, aseguró el gerente de la UIAF.

Si “hacemos una cuenta muy rápida, hubo alrededor de 35.000 operaciones inmobiliarias en 2020 y seguramente la inmensa mayoría son operaciones normales, podemos hablar del 98% o del 99%. O sea que estamos hablando de que un 1% o un 2% son las que podrían presentar algún tipo de inusualidad. Estamos hablando de entre 350 y 700 operaciones. Pero supongamos que de esas inusualidades muchas se puedan explicar. Es decir, se detecta una inusualidad, pero se puede explicar por alguna investigación rápida. Por lo tanto, si hablamos de que el 70% de esas inusualidades se descarta, vemos que por lo menos debería haber 100 o 200 reportes. Es un cálculo muy rápido y muy hipotético”, planteó López.

“Si hablamos de que podría haber entre 100 y 200 inusualidades, estamos hablando de que hubo tres en 2020 por concepto de inusualidades en temas de origen de fondos. Entonces, claramente nos preocupa”, afirmó López.

La situación además empeora. “En (lo que va de) 2021, el conjunto de sujetos obligados del sector no financiero presentó 11 reportes. En 2020 habíamos dicho que se habían presentado 68. Los escribanos presentaron cuatro reportes, frente a 14 en 2020, y las inmobiliarias una frente a nueve en 2020. Obviamente, si proyectamos estos resultados tendremos menos reportes que los que tuvimos en 2020 en un sector -insisto- de alto riesgo considerado por nosotros mismos como país”. cuestionó.

“Sin perjuicio de que este no es un análisis exhaustivo del mercado inmobiliario, sin duda, son elementos que agregan preocupación. Estamos hablando de un sector de alto riesgo que está manteniendo su actividad, pero los reportes no están acompañando. Esa es una de las observaciones que nos hizo el Gafilat. Hicimos una evaluación nacional de riesgo, identificamos los sectores de alto riesgo, pero los números de reportes vinculados a esos sectores no resultan consistentes”, concluyó López.

Cantidad de procesamientos

En la comisión, el vicepresidente del BCU, Washington Ribeiro dijo que “una de las recomendaciones en las observaciones de Gafilat está vinculada a la escasa cantidad de ROS que luego se traducen en procesos judiciales. Eso, de alguna forma, en el terreno de las hipótesis, puede dar a entender que la calidad de los ROS no es necesariamente la ideal. No vamos a hablar de los escribanos ni de los contadores ni de las inmobiliarias ni de los bancos. En conjunto, hay una cantidad importantísima de ROS, pero la mayoría se desechan o se archivan. Son muy pocas las que luego dan paso al proceso judicial. Ese es el fondo del asunto. En eso estamos trabajando. En definitiva, el éxito del país desde mi punto de vista no se mide por la cantidad de reportes, sino por la cantidad de procesamientos judiciales que hay al final de la historia, que eso es lo relevante y esa es una de las cosas que observa la propia Gafilat”.

López planteó que en el sector inmobiliario “otra posibilidad sería solicitarles, por ejemplo en este caso a los escribanos, información sistemática. Es decir, solicitarles a los escribanos que remitan información por encima de cierto umbral, si trabajan con clientes de determinado tipo, PEP (Personas Políticamente Expuestas), clientes no residentes, cuando hay formas de pago distintas, se paga desde o hacia el exterior, en fin, distintos parámetros de riesgo que se podrían definir para recibir la información sistemática. Eso no es un reporte de operación sospechosa. Es un reporte de operación sistemática” similar a la que envían bancos cuando hay retiros, transferencias o depósitos por encima de cierto umbral. Eso permitiría “realizar ese análisis estratégico” en el sector, agregó.