SEGURIDAD SOCIAL

Previo a que la pandemia de coronavirus acaparara la agenda del gobierno, una de las prioridades de la nueva administración era procesar una reforma del régimen de seguridad social. Es un tema sobre el que parece existir consenso dentro del sistema político, aunque aún resta definir qué variables se ajustarán, a cuáles regímenes abarcará —si se centrará en el Banco de Previsión Social (BPS) o incluirá al resto de las cajas paraestatales (bancaria, militar, policial, notarial y de profesionales)— y el método que se atravesará para procesar el debate.

Sobre esto último hay alguna definición en la ley de urgente consideración, que ingresó hoy al Parlamento. Si bien se mantiene gran parte del contenido en este capítulo del borrador divulgado en febrero por el entonces gobierno electo, hay un cambio en los plazos, atendiendo un planteo hecho por los socios de la coalición.

La propuesta del gobierno es crear una “comisión de expertos” en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tendrá entre sus cometidos “analizar fortalezas y debilidades de los diversos regímenes previsionales”. También deberá “analizar los impactos de la dinámica demográfica y los procesos de automatización en curso en el mercado de trabajo y sus efectos en el sistema previsional”, así como “examinar experiencias internacionales pertinentes”.

Luego, los expertos tendrán que formular “recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales, teniendo presente, entre otros aspectos que correspondan a juicio de los expertos”, estas variables: la necesidad de brindar razonable seguridad de ingresos, mediante esquemas de base contributiva y no contributiva con adecuado financiamiento; la sustentabilidad de mediano y largo plazo; los sesgos generacionales que pudieren existir o resultar de las propuestas, valorando su adecuación al contexto demográfico, social y económico; y el establecimiento de períodos de transición”.

Para procesar este trabajo, la comisión tendrá ahora 90 días desde su constitución para presentar “un informe de diagnóstico preliminar”, y otros 90 días para elaborar “un informe con recomendaciones”. En el borrador de la ley de urgencia se daba plazo hasta diciembre de 2020 para hacer el primer informe y hasta diciembre de 2021 para las recomendaciones. Estos plazos “podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo, previo informe fundado de la Comisión de Expertos”.

En febrero El País dio cuenta de que los socios de la coalición eran partidarios de reducir los plazos. Mientras que el economista de CPA, Gabriel Oddone, dijo en ese momento que los tiempos de actuación de la comisión eran extensos: “Uruguay requiere transmitir a los mercados internacionales, a las calificadoras y a la población que el problema fiscal está siendo atacado con firmeza, y eso requiere atacar la seguridad social y tener una agenda ambiciosa. Después los plazos pueden no ser esos por lo complejo del tema, pero si desde antes establezco el 2021 doy la señal que es posible que este período se vaya sin atacar el tema”.

Según el proyecto, la comisión de expertos que atenderá el tema de la seguridad social  estará compuesta por 15 miembros designados por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores. Serán personas “con notoria idoneidad en temas previsionales, demográficos, económicos, legales u otros pertinentes para el cumplimiento de la tarea encomendada”.