Publicidad

Elevar monto límite para pagos en efectivo obligará a hacer más controles, advierte CPA

Compartir esta noticia
Terminal de pago electrónico (POS). Foto: Fernando Ponzetto.

LEY DE URGENCIA

Esto porque se debe asegurar el origen de los fondos para prevenir el lavado de activos. La propuesta del gobierno en la ley de urgencia es subir el límite de US$ 4.100 a US$ 100.000.

Dentro del anteproyecto de ley de urgente consideración que el gobierno enviará el jueves al Parlamento hay disposiciones que modifican la ley de inclusión financiera de 2014.

Se elimina la obligatoriedad de pagar sueldos por vía electrónica —cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico—, así como también los honorarios a profesionales independientes. En tanto, el umbral máximo para pagar en efectivo en transacciones que está hoy en unos US$ 4.100 se eleva a US$ 100.000, luego que en el borrador divulgado en febrero no hubiera monto límite y esto trajera críticas de analistas.

Sobre este punto puso el foco un informe de la consultora CPA Ferrere. “Para prevenir el lavado de activos es necesario conocer quién está detrás de cada operación y el origen legítimo de los fondos que se utilizarán, algo que es más dificultoso cuando el medio de pago es efectivo. Los instrumentos de pago electrónicos o bancarizados permiten la trazabilidad de las operaciones, mientras que el efectivo no”, analizó el documento.

En ese sentido, plantea tomando la disposición que forma parte del proyecto de urgencia, que “si se implementan controles más exhaustivos sobre las operaciones, independientemente que estas sean realizadas en efectivo, se podría mitigar considerablemente el riesgo de lavado de activos en Uruguay”. Sin embargo, “esto supondría recargar, más aún, a los actores obligados a realizar los controles” como las inmobiliarias, casinos, o los profesionales como contadores y abogados cuando actúan en nombre de sus clientes.

“La mejora de los controles sería posible si por ejemplo, desde el sector público se compartiera información de utilidad con el sector privado, brindando las garantías legales relativas a la protección de datos personales”, indica el informe de CPA Ferrere.

Durante los últimos años Uruguay ha alineado su normativa a los estándares internacionales, y el año pasado fue evaluado de forma “positiva” —recuerda la consultora— por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), aunque “se mencionó que una de las vulnerabilidades más importantes viene dada por la entrada de capitales ilegales desde el exterior”. A su vez, en el informe del organismo de controlse “menciona como una fortaleza de Uruguay la ley de Inclusión Financiera”.

Por otra parte, CPA en su informe adelanta que es “esperable que el efectivo que ingresa desde el exterior también crezca”, en gran medida por la situación económica de Argentina, lo que ocurriría en un contexto de “menores controles”.

Adicionalmente, se menciona que con las medidas que se prevén en el anteproyecto de ley de urgente consideración se va a contramano de lo que se está haciendo en el mundo respecto al uso de efectivo y pone como ejemplo el caso de la Unión Europea, donde 17 de 28 países introdujeron límites. Grecia aparece como el país con un umbral más bajo (500 euros), mientras que el más alto lo definió Polonia (15.000 euros), además de otros países que definieron umbrales únicamente para algunos tipos de operaciones.

El informe de CPA también menciona otro artículo del proyecto, que no formaba parte del borrador y fue incluido en la versión que será enviada al Parlamento. “Se agrega que los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, podrán aplicar medidas simplificadas de debida diligencia cuando las operaciones se realicen con instrumentos de pago depositados en instituciones financieras reguladas por el Banco Central del Uruguay. Con esto se pondrá mayor carga y responsabilidad de control a las instituciones financieras, teniendo en cuenta que los sujetos regulados no financieros podrán realizar controles mínimos cuando las operaciones se realicen con instrumentos de pago bancarizados”, dice la consultora.

Sobre este artículo habló días atrás en diálogo con El País el abogado especializado en prevención del lavado de activos Leonardo Costa. Dijo que este cambio legal aumenta la probabilidad de que se den maniobras de lavado de dinero utilizando el sistema financiero y que podría derivar en que Uruguay sea incluido en una lista de países no cooperantes en materia antilavado.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad